Al final ayer fue posible el acuerdo. Las organizaciones agrarias y los sindicatos lograron alcanzar el punto de encuentro sobre las tablas salariales, que despejó finalmente el nuevo convenio colectivo del sector y dejó paralelamente sin efecto la convocatoria de huelga prevista del 1 al 3 de julio, en plena campaña de recogida de la fruta. Las dos partes estaban citadas al acto de conciliación previo a cualquier convocatoria de huelga. La única vía de acuerdo pasaba en este caso por conseguir que Apag Extremadura Asaja y las organizaciones sindicales (UGT y CCOO) lograran entenderse en la interpretación del artículo 30, el que hace referencia a la actualización de las tablas salariales. Tanto UPA- UCE como COAG no veían problemas a la firma y en el caso de Asaja Extremadura, que ayer volvió a la mesa de negociación, ya había expresado que no firmaría el convenio y de hecho abandonó el encuentro antes de que se cerrara el acuerdo.

En la redacción definitiva de ese artículo, se incluye que los salarios de los años 2016 al 2018 (a los que hacía referencia el convenio anterior) se actualizarán conforme a lo establecido en los reales decretos de los años 2019 y 2020. Eso supone que se deja constancia de que se aplicará el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), tal y como demandaban los sindicatos, pero sin que haya unas tablas nuevas como reivindicaba Apag Extremadura Asaja, que ya se negó hace una semana a firmar el convenio del campo por ese motivo. Cuatro horas de negociación posibilitaron ayer cerrar 18 meses de conversaciones, con una doble firma por todas las partes: por un lado del acta del acuerdo y también del convenio colectivo más importante del sector privado en la región, con más de 7.000 empresas y 60.000 trabajadores vinculados a este marco laboral.

Mejoras

En base a esos incrementos, el nuevo convenio supone que el precio del jornal es de 48,9 euros y el valor hora ordinaria es de 7,53 euros; se mantiene la jornada laboral de seis horas y el cómputo anual de 1.768 horas, aunque se introduce la posibilidad de flexibilizar la jornada para permitir que en los picos de producción se pueda disponer de mano de obra suficiente, a cambio de recuperar horas de descanso cuando haya menos actividad. Además se incluye el modelo de registro horario (el fichaje) que es obligatorio desde hace un año, y la tarjeta profesional.

Para el presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, la reunión de ayer devolvió el convenio «a las bases que se acordaron el día 4 de junio». «Eran las necesarias para continuar con la paz social en el campo», reiteró tras sellarse el acuerdo

Los sindicatos enfatizaron por su parte que «todo el mundo ha hecho lo que tenía que hacer». «El proceso ha sido largo y tedioso pero se ha llegado a la conclusión de que teníamos que llegar a un acuerdo», destacó el secretario general de FICA-UGT, Miguel Talavera, que valoró el cambio de postura de Apag Extremadura Asaja: «no podían dejar de firmar un convenio que afecta a muchas personas y a muchas familias».

«Con este acuerdo queda desconvocada la huelga en el campo», afirmó el responsable de Industria de CCOO, Saturnino Lagar.

El secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas valoró que la reunión de ayer posibilitara el acuerdo que «no varía» respecto a lo que se había definido ya el 4 de junio y se pretendía firmar la semana pasada. «Nuestra organización ha trabajado con responsabilidad y rigor en la defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos. Lamentamos las situaciones esperpénticas que hemos vivido en las últimas reuniones», señaló.

Impugnarlo

A la cita de ayer sí se sumó el dirigente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, que no había participado en las dos últimas reuniones y había manifestado su intención de impugnar el convenio. Ayer volvió a rechazar al acuerdo alcanzado y abandonó el encuentro antes de que se llegará a firmar, con críticas a las organizaciones sindicales. La organización anunció que impugnará el acuerdo alcanzado ayer.

El convenio del campo tiene validez para lo que queda del 2020 y, como máximo, hasta el 2021, que se podría prolongar en ultractividad, mientras se negocia paralelamente un nuevo convenio. H