El Gobierno y los agentes sociales acordaron hace un mes que el salario mínimo de 2020 se incrementaba a un 5,5% hasta los 950 euros mensuales (en 14 pagas) y eso supone que a las organizaciones agrarias extremeñas y los sindicatos les toca sentarse de nuevo a negociar el convenio colectivo que quedó en el aire el pasado mes de diciembre y del que dependen las condiciones laborales de los cerca de 60.000 trabajadores del campo que hay en la región. Precisamente la incertidumbre sobre la formación de gobierno y si habría un nuevo incremento en el SMI, motivaron que a mediados de diciembre se pospusiera el acuerdo y se quedara el texto sobre la mesa, con el compromiso de sentarse en un plazo de 15 días desde que se aprobara un nuevo incremento (que se daba casi por seguro) o en un plazo máximo de 6 meses si no había subida.

La reunión hoy se prevé como una primera toma de contacto. No se atisba un acuerdo y si lo hay próximamente no parece probable que sea con consenso porque el planteamiento de Asaja Extremadura, una de las opas en la mesa de negociación, es que hay que iniciar un nuevo proceso de negociación partiendo desde cero. «Ya no se puede partir del convenio que se negoció en 2019, hay que partir del Estatuto de los Trabajadores», afirma el presidente de Asaja, Ángel García Blanco, que da por rota la negociación desde diciembre.

PUNTO DE PARTIDA / Desde Apag Extremadura Asaja, que es la organización mayoritaria, defienden sin embargo la cita de hoy como «el punto de partida para ver si esta vez es posible el acuerdo que cierre definitivamente un convenio», en palabras de Juan Metidieri, su presidente.

Por su parte UPA-UCE también apela a la voluntad aunque el contexto sea complicado. «Hay que hacer ver que aprobar el convenio es bueno para todas las partes», afirma el secretario general, Ignacio Huertas, que considera que durante años ese marco ha proporcionado estabilidad, paz social y seguridad jurídica al sector.

Por parte de los sindicatos, desde UGT apelan a la necesidad de que se firme el convenio y al hecho de que la posible subida del SMI que dejó el texto sobre la mesa en diciembre, se ha pactado con la patronal y sindicatos. «No deberían usarlo como una excusa para no firmar», afirma el secretario de FICA-UGT, Miguel Talavera.