El candidato del PP-EU a la Alcaldía de Sierra de Fuentes, Juan Galeano, ha decidido presentar su renuncia a formar parte de la lista popular en ese municipio cacereño.Así lo ha informado hoy el PP de Extremadura, en un comunicado, en el que especifica que la sentencia judicial que atañe a Galeano no le inhabilita para ejercer cargo público alguno.No obstante, señala que el candidato popular ha decidido presentar ante la Junta Electoral de Zona su renuncia, que hará efectiva mañana, para no perjudicar a su partido y a sus compañeros de candidatura.La renuncia se produce el mismo que este periódico publica la noticia en la que se señala que en las listas que para las próximas elecciones municipales han presentado algunos partidos en la localidad cacereña de Sierra de Fuentes han causado cierto estupor. La causa, que en ellas figuran personas condenadas por la comisión de uno o más delitos. No son imputados, ni acusados, son personas ya condenadas.
Es el caso del candidato a alcalde de este municipio por el PP, Juan Galeano Pérez, al que le constan al menos dos condenas. Por la última, de 1 de diciembre pasado, incluso se encuentra inhabilitado por tiempo de seis años para administrar bienes ajenos y para representar o administrar a cualquier persona.
Ante este hecho, muchos se preguntan en el municipio ¿cómo es posible que una persona que, por orden judicial, no puede administrar una empresa pretenda administrar el ayuntamiento? Pero esta cuestión no se debe haber planteado en el PP, ya que Juan Galeano es su candidato en Sierra de Fuentes para las elecciones del 22 de mayo, un hecho que ha llevado incluso a que el presidente de la Agrupación Local del partido en este municipio, Adrián Guerra Polo, presente su renuncia "con carácter irrevocable".
La primera condena que le consta al candidato popular data del 2004. Con fecha 12 de enero, el Juzgado de lo Penal 1 de Cáceres dictó una sentencia en la que declaraba probado que Juan Galeano, "en su cualidad de empresario individual del ramo de la construcción, llevado por su precaria situación financiera..." defraudó, en concepto de IVA, más de 37 millones, de las antiguas pesetas. Le declaró culpable de un delito contra la hacienda pública y le impuso una condena de 1 año de prisión, inhabilitación para la obtención de subvenciones o ayudas públicas por un periodo de tres años, y multa de 224.922,76 euros, además del pago de lo defraudado.
Galeano recurrió ante la Audiencia Provincial, que desestimó su recurso y confirmó la condena "al considerar probado que atendiendo a las normas tributarias aplicables al IVA del ejercicio económico del año 2000, defraudó una cantidad superior a 15 millones de pesetas, y que con su declaración tributaria fraudulenta consumó un delito fiscal".
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