En la comunidad autónoma hay en torno a 100.000 viviendas vacías, según los últimos datos del INE, de las que unas 20.000 no están en venta ni en alquiler, que son a las que afectaría la normativa extremeña de emergencia social de vivienda, y cuyos propietarios (entidades bancarias y promotoras principalmente) tendrían que pagar el canon que ésta contempla. Esta tasa supone una cuantía de 10 euros por metro cuadrado útil, que se incrementará en un 10% por cada año acumulado.
El control para que saber que esas viviendas no están en venta ni en alquiler se hará a través de las compañías de agua y de luz. Además, según establece la normativa, serán los ayuntamientos los que lleven a cabo el cobro de estas sanciones económicas y que los ingresos por este concepto dotarán el patrimonio municipal de suelo. Podemos, que fue la formación que introdujo este canon en la ley, exige al presidente de la Junta que lo lleve a efecto.
