La sentencia emitida por el Tribunal Constitucional sobre el recuento de votos del 24M en la circunscripción de Badajoz, que viene a darle la razón a Izquierda Unida de que se han vulnerado sus derechos fundamentales, probablemente pase sin pena ni gloria. No en vano, en la propia formación, su coordinador regional, Pedro Escobar, es pesimista y dice sin reparo que sería casi un milagro, una carambola, que de los 7.118 votos contabilizados como nulos, 914 resultaran de Izquierda Unida y, encima, éstos hubieran sido descartados por la tintada del sobre, motivo del recurso de la formación. Además, caso de lograrlo, y en consecuencia ganar los 2 escaños que le corresponderían por esta provincia, el proceso no afectaría al actual reparto de fuerzas en la Asamblea, entre otras cosas porque supondría perder un escaño por igual los dos grupos políticos mayoritarios del Parlamento. El PSOE se quedaría en 29 escaños, el PP en 27, Podemos en 6, Izquierda Unida en 2 y Ciudadanos en 1.

Sin embargo, la decisión de alto tribunal trae aparejada una cierta complejidad jurídica sobre la validez o no del proceso vivido hasta ahora, tanto que el PP ya ha solicitado un informe del Consejo Consultivo sobre la cuestión a la presidenta del Parlamento que, a su vez, ha requerido de un análisis detallado al letrado mayor de la Cámara, entre otras cosas porque el órgano sugerido por los populares no es competente para estas cuestiones. La Mesa de la Asamblea deberá tomar hoy una decisión al respecto.

La sentencia del Constitucional no habla en ningún momento de repetir las elecciones en Badajoz ni de la pérdida de la condición de diputados del resto de parlamentarios caso de favorecer al demandante en el recuento final de papeletas. Pero sí habla de la nulidad del proceso, donde hay quien cree que se alude a la totalidad de lo vivido hasta ahora en esta IX legislatura desde la propia constitución de la Asamblea y quien, por el contrario, considera que sólo se refiere a la designación de los dos hipotéticos diputados de Izquierda Unida, los cuales, caso de acceder a la Cámara, entrarían en sus puestos causando baja los actuales que ocupan los escaños. Es más, ésta última tesis entiende que la posibilidad de repetir todo el proceso tendría que solicitarlo Izquierda Unida caso de lograr representación y considerar que se han vulnerado sus derechos a la hora de decidir cuestiones vitales de la Asamblea, pero nunca fuerzas políticas actualmente presentes en la Cámara que no han sido parte en la causa.

Así las cosas, ya puede darse prisa la junta electoral de Badajoz. Reunirse con la celeridad debida, citar a todos los partidos y supervisar todas las papeletas nulas. Lo que refleje el análisis silenciará bocas o dará alas. Será a partir de ese momento cuando quepa la especulación y la interpretación acerca de qué se tiene que hacer, porque por ahora todo no deja de ser en clave condicional y poniendo el parche antes de que salga la herida.