"La situación empeora minuto a minuto". Son palabras de Rosario Riñones, presidenta del Comité de Empresa de Carcesa, tras ser preguntada por el inicio de una nueva semana en la planta emeritense después de la manifestación en Madrid del pasado sábado, convocada para reclamar una solución a la difícil tesitura que atraviesa Nueva Rumasa, el grupo empresarial de la familia Ruiz Mateos.

Ayer acudieron a la fábrica menos de la mitad de sus trabajadores. El resto se encuentra esta semana de vacaciones forzosas, debido a que la falta de materia prima mantiene paralizada la producción, y no hay visos de que vaya a retomarse por el momento, porque no entra mercancía. Ni siquiera pueden atender nuevos pedidos ni llamar a proveedores, porque les han cortado el teléfono ante el impago de las facturas. Ayer incluso estuvieron varias horas sin el sistema informático que gestiona el funcionamiento de la planta, pero finalmente pudo arreglarse.

Los trabajadores dedican el tiempo a tareas secundarias, como lavar latas, ante la imposibilidad de realizar sus funciones habituales. Las circunstancias que rodean a la empresa son tan graves que incluso ha pasado a un segundo plano que los empleados hayan cobrado tan solo un 20% de sus nóminas del mes pasado. "No entra ni sale nada. La producción está parada", insiste Riñones, quien comenta que se ha empezado a barajar la posibilidad de emprender acciones legales para salvaguardar los intereses de los trabajadores.

No obstante, la opción principal que manejan para salir de esta complicada situación pasa por el inicio de un concurso de acreedores, con el fin de que sea un administrador judicial, y no la familia Ruiz Mateos, quien gestione la salida de una crisis que amenaza la continuidad de sus puestos de trabajo y el futuro de la empresa.

En este sentido, ayer se conoció que la primera de las compañías de Nueva Rumasa que se acoge al concurso voluntario de acreedores es la empresa alimentaria Dhul. En un comunicado, la familia Ruiz Mateos informó de que presentó la solicitud ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada. Con ello espera proteger los intereses de sus empleados, inversores y acreedores, así como "garantizar la viabilidad futura de la compañía".