Nueva Rumasa ha solicitado en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Badajoz el concurso voluntario de acreedores, antigua suspensión de pagos, para la empresa extremeña Carcesa, según informó ayer la compañía en un comunicado.
Esta es la segunda sociedad del holding que se declara insolvente, después de que esta misma semana la firma de postres Dhul entrara en concurso en Granada (en los próximos días lo harán Clesa y Cacaolat), y la familia Ruiz-Mateos fuese apartada de la gestión por el juez, lo mismo que se prevé para la industria extremeña, con plantas en Mérida, Don Benito y Montijo.
"Deseamos que la nueva situación concursal nos permita reanudar el proceso productivo y, con ello, poder hacer frente a los pedidos comprometidos", indica Nueva Rumasa en su nota, que confía en lograr un acuerdo con los acreedores para superar el concurso "lo antes posible".
El grupo de la familia Ruiz-Mateos sostiene que adopta esta medida con el objetivo de "proteger los intereses" de sus empleados, inversores y acreedores, y de "garantizar la viabilidad futura" de Carcesa.
En este sentido, Nueva Rumasa manifiesta su "más absoluta confianza" en que las acciones adoptadas garantizarán el futuro de las tres plantas de Extremadura, que fabrican patés, tomate frito y triturado, magro, callos y zumos y que opera con las marcas Apis y Fruco.
ALIVIO PARA LOS EMPLEADOS Para la presidenta del comité de empresa de Carcesa, Rosario Riñones, la presentación del concurso de acreedores es "un alivio para los trabajadores", ya que considera que la administración judicial que se nombre ahora podrá comprobar cómo está la situación "y se demostrará que la empresa es viable. Tenemos buenas marcas y también pedidos, lo que permitirá desbloquear a corto plazo la situación y seguir produciendo como hasta ahora".
La representante de los trabajadores (hoy habrá una asamblea para analizar el nuevo proceso al que se enfrentan) cree que con buena voluntad por todas las partes será posible sacar adelante las fábricas. "La semana que viene está previsto que se reincorpore toda la plantilla de las vacaciones que ha habido que tomar y empezaremos a producir el magro. Nosotros queremos trabajar y entendemos que Carcesa tiene futuro con otros administradores".
También se mostraba ayer esperanzado el alcalde de Mérida, Angel Calle, quien considera que las marcas Apis y Fruco "se venden solas y están plenamente introducidas en el mercado desde hace mucho tiempo", informa Europa Press.
COMPROBAR LA VIABILIDAD Desde las organizaciones agrarias, el concurso es visto como la mejor solución para comprobar la viabilidad de la empresa. El presidente de Apag-Extremadura, Bibiano Serrano, confía en que la situación actual se desbloquee, los acreedores puedan cobrar los 1,5 millones de euros que Carcesa les adeuda de la última campaña del tomate (65 millones de kilos, producidos por 8 de las 12 organizaciones de productores de frutas y hortalizas extremeñas), y se aborde la posibilidad de que cooperativas de la región se puedan hacer cargo de Carcesa.
En la misma línea, Ignacio Huertas, secretario regional de UPA-UCE, pide a los administradores judiciales que clarifiquen la situación de la empresa y atiendan la problemática de trabajadores y acreedores. "A partir de ahí debe abrirse un proceso de cómo gestionar con eficacia Carcesa, porque los actuales gestores no han logrado ofrecer una solución a la problemática de la empresa".
Para Huertas, marcas como Fruco y Apis "no se pueden perder", y ve factible que cooperativas extremeñas fueran quienes gestionaran Carcesa.
