Punto y final al proyecto de la refinería extremeña. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha denegado la autorización para la instalación petroquímica en el municipio pacense de Los Santos de Maimona, así como de sus infraestructuras asociadas en las provincias de Sevilla y Huelva. En concreto, no concede la Autorización Ambiental Previa (AAP), el documento definitivo, solicitado por Refinería Balboa S. A. en el año 2008.
El Boletín Oficial del Estado publicó ayer la decisión del Gobierno estatal que da carpetazo a los planes del Grupo Gallardo que tenía en el ministerio su último cartucho para seguir apostando por el proyecto. No obstante, el promotor aún tiene un mes para interponer un recurso de alzada ante la Secretaria de Estado, algo que Gallardo no desvela si hará o no, ya que prefiere no hacer ninguna declaración al respecto.
Se cierra así una década en la que la refinería ha estado viva sólo en los papeles y en las continuas declaraciones provenientes desde diferentes ámbitos de la sociedad. Fue en el año 2004 cuando el expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra anunció la intención del Grupo Gallardo de poner en marcha una refinería de petróleo en la comarca de Tierra de Barros con el respaldo de la Administración regional. Prometía invertir 1.200 millones de euros para levantar una industria capaz de procesar casi seis millones de toneladas anuales de crudo y otras materias primas y de generar unos 3.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Además de la industria en Los Santos de Maimona, el proyecto comprendía, entre otros, un parque de almacenamiento en Huelva, un sistema de recepción y descarga del crudo en el puerto onubense y un oleoducto de 200 kilómetros de longitud que transcurriría por las provincias de Badajoz, Sevilla y Huelva.
DIA NEGATIVA Comenzó entonces una cruzada de declaraciones a favor y en contra de la iniciativa, de estudios, de protestas, de alegaciones (se registraron más de 5.000),... que llegaron a su recta final en el 2012 cuando el Gobierno central (presidido ya por Rajoy) denegó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por los daños que podría conllevar el desarrollo del proyecto petroquímico para el medio ambiente. El ministerio argumentó que las medidas previstas por el promotor "no eran una garantía suficiente de su completa corrección o su adecuada compensación". La empresa de Alfonso Gallardo presentó entonces un recurso de reposición al ministerio en el 2013 que fue desestimado un año después.
El siguiente varapalo llegó hace apenas tres meses, el pasado 5 de enero. Ese día, el DOE publicó una resolución de la Consejería de Medio Ambiente en la que desestimaba la solicitud de Autorización Ambiental Integrada (AAI) aduciendo la inviabilidad medioambiental contemplada en la DIA. La Dirección General de Calidad precisó que "previsiblemente causará efectos desfavorables significativos en el medio ambiente". Contra esta decisión del Gobierno regional, el Grupo Gallardo sí interpuso recurso de reposición ante la Administración porque, al menos hasta ayer, seguía manteniendo la viabilidad de la industria por la que ha peleado durante una década.
