Ya hay movimientos en el sector judicial para relevar al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), Julio Márquez de Prado, que lleva al frente de este órgano judicial desde el 2003. Por el momento al Consejo General del Poder Judicial, donde deben remitirse las candidaturas, solo han llegado la de dos juristas: la de Juan Francisco Bote y la de Joaquín González Casso. El primero fue presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres 16 años, hasta 2014. Y González Casso está actualmente al frente de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz con sede el Mérida. «Me presento con la intención de continuar con la labor de servicio público, que es lo que he hecho toda la vida. Creo que en Extremadura se pueden hacer muchas cosas por la justicia, aunque no tengamos aún las competencias transferidas», afirmó ayer González Casso.

Hasta el próximo lunes a las tres de la tarde hay plazo para remitir más candidaturas. A este diario han confirmado también su intención de presentarse al cargo otros dos magistrados. Entre ellos María Félix Tena, que fue la que sustituyó a Juan Francisco Bote como presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres, de hecho fue la primera mujer en presidirla. Acaba de renovar hace unos días el cargo y en la entrevista que le realizó el Consejo General de Poder Judicial en el proceso de selección para presidir la Audiencia ya anunció su intención de solicitar la plaza para sustituir a Márquez de Prado. Ayer volvió a reafirmarse: «Hasta el lunes hay tiempo, la intención sigue en pie», dijo a este periódico.

MÁS CANDIDATURAS / El otro es Daniel Ruiz, actualmente presidente de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, aunque tampoco ha hecho efectiva todavía su candidatura de manera oficial. A ellos se une un nombre más, José Antonio Patrocinio, que aún está en duda. Este último está al frente de la sección primera de la Audiencia Provincial de Badajoz, órgano que presidió hasta el pasado mes de noviembre.

Todos tienen a sus espaldas una dilatada trayectoria judicial de más de dos décadas (uno de los requisitos es llevar al menos 15 años en la carrera judicial). Deberán aportar los méritos, un programa de actuación y una memoria de las resoluciones judiciales que hayan dictado durante su carrera, destacando las tres que consideren más relevantes. Además, a cada uno de ellos la comisión permanente les realizará una entrevista de una hora de duración. Después el Consejo General del Poder Judicial propondrá a los que considere aptos para el puesto. La elección requerirá una mayoría de tres quintos de los miembros de la comisión, es decir 13 votos favorables de los 21 (en caso de empate el presidente tendrá voto de calidad).

PROCESO JUDICIALIZADO / El proceso está en estos momentos judicializado porque los colectivos Francisco de Vitoria y Jueces y Juezas para la Democracia lo han recurrido al Tribunal Supremo. Critican que en las bases no se detallan de manera pormenorizada los méritos necesarios para conseguir la plaza. «Lo que se va a valorar es lo que se diga en la comparecencia y en el proyecto que presenten. Todos los que se presentan tienen méritos pero tienen qué aclarar qué prima», señala el presidente de Francisco de Vitoria, Raimundo Prado.

El Supremo por el momento ha ordenado que se continúe con el procedimiento porque entiende que los nombramientos gozan de «presunción de legalidad». Así, la sala de lo contencioso administrativo acordó esta semana rechazar suspender temporalmente el proceso selectivo, tal y como solicitaban los colectivos demandantes. El Consejo General del Poder Judicial ya ha hecho efectivos unos 40 nombramientos. En cambio el alto tribunal defiende que deben seguir adelante para no paralizar la justicia.