Un total de 1.927 extranjeros han conseguido ya la autorización definitiva para regular su situación en Extremadura, lo que supone un 65% del total de peticiones. A esta cifra hay que sumar otras 370 autorizaciones que de momento son provisionales, según los datos que maneja el sindicato UGT.

Desde que el Gobierno abrió el proceso de legalización de inmigrantes hace tres meses, en Extremadura se han presentado 2.935 solicitudes, de las cuales, además de las autorizaciones definitivas y las provisionales, 162 han sido inadmitidas (5,5%), 148 denegadas (5%) y 81 archivadas (2,7%). De hecho, el pasado 27 de julio se habían resuelto 2.685 solicitudes --el 91% del total-- y se encontraban en trámite unas 250. En este sentido, desde UGT valoran positivamente "que en el plazo de tres meses, se hayan resuelto ya más del 90% de los expedientes", según recoge la agencia Europa Press.

UGT Extremadura también valora positivamente la entrada en vigor del arraigo laboral, una nueva figura normativa en materia de extranjería que "otorga una segunda oportunidad a los extranjeros que no pudieron regularizar su situación durante el proceso de normalización".

Esta nueva fórmula, que se emplea en España por primera vez, no implicará la regularización de todos los extranjeros que hayan quedado fuera del proceso de legalización, sino que al ser diferentes los requisitos para el arraigo laboral los inmigrantes que se acogan a "esta segunda oportunidad" deben cumplir otras condiciones para conseguir la regularización.

El sindicato UGT informa de que el arraigo laboral permite --junto con el arraigo social y las causas humanitarias--, "el acceso a una autorización pero sólo en casos excepcionales".

Por el momento se desconoce el número de extranjeros que podrán acogerse a este nuevo proceso, que entró en vigor el pasado 8 de agosto y que está incluído en el Reglamento de la Ley de Extranjería.

Por su parte, CCOO de Extremadura anima a los inmigrantes a denunciar a los empresarios que los mantengan en situación irregular porque, según la secretaria de Política Social del sindicato, Pepa Alvarez, el arraigo laboral es una fórmula para acabar con la impunidad de aquellos empresarios que "todavía explotan a sus trabajadores". CCOO aconseja que acudan a un centro de inspección de trabajo o a alguna de sus sedes.