Al menos 892 personas condenadas en Extremadura aparecen en el Registro Central de Delincuentes Sexuales. Son los que había a fecha de 1 de marzo pasado, cuando entró en vigor este registro, y su presencia en él les impedirá a todas ellas trabajar en cualquier ocupación que requiera un contacto habitual con niños, desde profesores hasta médicos, pasando por monitores deportivos o cuidadores. Según los datos facilitados por el Ministerio de Justicia, a nivel nacional los inscritos son 40.782. Andalucía, con 7.600, es la comunidad autónoma con mayor número de condenados, por encima de Cataluña, con 6.164, y la Comunidad Valenciana, con 5.053.
Se trata en todos los casos de condenados con sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, así como por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía. El objetivo de este registro es proteger a los menores de pederastas o agresores sexuales impidiendo que quienes figuran en el sistema puedan tener acceso o continuar ejerciendo profesiones o actividades, ya sean de carácter remunerado o no, que impliquen un contacto frecuente con ellos.
En principio no se ha elaborado una lista definida con las profesiones que se ven afectadas ni tampoco un plazo máximo para presentar el certificado, aunque desde el ministerio se ha advertido de la necesidad de cumplir este trámite cuanto antes, ante la responsabilidad en la que se podría incurrir si se produjese algún caso de abuso por parte de un trabajador para el que no se hubiese solicitado.
A nivel nacional, según la información aportada por el Ministerio de Justicia, 96.741 personas solicitaron el certificado durante el transcurso del primer mes en funcionamiento del sistema, de los que 47.790 lo hicieron de forma presencial y 48.951 por vía telemática.
En Extremadura, solo teniendo en cuenta los empleados públicos de la Junta, la cifra de personas que tendrán que contar con esta certificación supera las 30.000. El mayor volumen de ellas está en el ámbito educativo y deportivo, en el que la Junta de Extremadura calcula que unos 20.000 trabajadores deberán acreditar que carecen de antecedentes. En este sentido, todos los centros educativos públicos, las escuelas infantiles, las escuelas de idiomas, los conservatorios y los centros deportivos dependientes del gobierno autónomico, entre otros, recibieron el mes pasado una instrucción de la Consejería de Educación y Empleo en la que se especificaba que todo aquel personal que mantenga contacto con menores tenía hasta el próximo día 30 para cumplimentar el trámite, bien fuese solicitando este documento directamente al registro central o bien permitiendo que la Administración autonómica lo hiciese en su lugar mediante una autorización expresa del afectado.
En la Consejería de Educación se explica que ya se han recibido 2.600 certificados que acreditan no tener antecedentes por delitos sexuales. Esta obligación también afecta a los empleados de la enseñanza concertada --aproximadamente 2.200 de ellos docentes--. En este caso, se pedirá a los centros una declaración responsable de que sus trabajadores no han cometido estos delitos.
Si se comprobase que algún profesional está incluido en el registro cuando sean interinos o laborales temporales cesarán por considerar que los menores de edad corren riesgo. Si se trata de funcionarios de carrera o laborales fijos se actuará conforme a lo que se disponga por los órganos competentes en materia de función pública.
CONSEJERIA DE SANIDAD El otro ámbito afectado de lleno por la nueva normativa es el sanitario y asistencial. Dentro de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales el grueso del personal que tendrá que solicitar el certificado, más de 10.000 trabajadores, pertenece al Servicio Extremeño de Salud --médicos y personal sanitario--. También más de doscientos trabajadores de los centros de menores --tanto educadores como el resto de personal-- y una treintena de empleados de los Centros de Atención a la Discapacidad en Extremadura (Cadex), ubicados en Cáceres y Badajoz y que están gestionados de forma directa por el Sepad.
Aquí de momento no se ha expedido ningún certificado. Según precisan fuentes de la consejería, desde la Administración autonómica se ha solicitado a la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud que elabore una "instrucción única" con el fin de que todas las comunidades autónomas sigan unas directrices homogéneas a la hora de desarrollar este proceso en el ámbito sanitario. Solo si en la próximas semanas esta instrucción no llegase, se puntualiza, la Junta emitiría una propia para las nuevas incorporaciones.
