Casi seis de cada diez inmuebles alquilados en Extremadura (un 57% del total) se pagan en negro , de acuerdo a los cálculos que el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha ha realizado a partir de datos del 2008. De este modo, serían 16.119 los alquileres que escapan al control del fisco en la región, lo que se traduciría en una bolsa de fraude de 22 millones de euros. Esta proporción queda por encima de la media española, donde existen más de un millón de alquileres no declarados que representan el 55,4% del total del parque de viviendas alquiladas.

Las estadísticas del 2008 son, en el caso extremeño, sensiblemente inferiores a las que se contabilizaban en el 2007, cuando los alquileres sin declarar eran más de 22.400 (con lo que la caída es del 28,2%) y las rentas sumergidas derivadas de estos arrendamientos ascendían a 28 millones de euros (-21,4%). Sin embargo, desde Gestha se subraya que si bien durante el 2008 se contabilizaron 2.373 nuevos declarantes de viviendas alquiladas en Extremadura, el número de arrendamientos sumergidos se redujo en 6.336. Es decir, buena parte del descenso estaría originado por una retracción del mercado inmobiliario.

A juicio de los técnicos de Hacienda, el fraude por alquiler de viviendas "pone de manifiesto que la Agencia Tributaria no está siendo efectiva en la lucha contra el fraude". En este sentido, recalcan que los alquileres aflorados en el 2008 lo hicieron impulsados por, aseguran, dos motivos. Por un lado, por los 6.046 inquilinos extremeños que recurrieron por primera vez a la nueva deducción del 10,05% por el alquiler de vivienda habitual --aquellos que tienen una base imponible inferior a 24.020 euros anuales-- y, por otro, por los propietarios que se beneficiaron de la reducción del cien por cien de las rentas percibidas sin pago de impuestos.

Según el estudio de Gestha, la comunidad autónoma con una mayor proporción de fraude en el alquiler de vivienda es Andalucía, donde más del 71% del parque no está declarado oficialmente. Le siguen Murcia (68,5%), Canarias (65,9%) y Comunidad Valenciana (61,3%).