Cómo ha podido Juan Carlos Cofrade Santillana ejercer de médico de Familia en Andalucía mientras la Justicia extremeña le investigaba por posibles delitos de falsificación e intrusismo profesional ante las sospechas de que estaba ejerciendo con un título falsificado?

Es una pregunta que surge tras el caso de la red de las falsas titulaciones que la Policía Nacional ha desarticulado en España y en la que se implica al ´mentalista´ cacereño; y tras saber, además, que este había ejercido de médico para la sanidad pública andaluza, sin problemas y durante 10 meses, pese a estar siendo investigado por la Fiscalía de Extremadura tras una denuncia del Colegio de Médicos.

La respuesta es clara, lo ha hecho posible la descoordinación que existe en la Administración de Justicia. Y es que los órganos judiciales de Andalucía desconocían que en los extremeños había una causa abierta contra él, "algo habitual, pues no solo la interconexión entre las administraciones de Justicia de las diferentes comunidades es nula, es que ni siquiera existe entre los propios juzgados de una misma ciudad", reconocen representantes de la judicatura extremeña consultados por EL PERIODICO.

Es esto lo que ha motivado que el caso Santillana se convierta en una prueba más de la descoordinación de la Justicia, como recientemente lo han sido casos tan graves como el del crimen de la pequeña Mari Luz, cuyo asesino estaba en la calle cuando debía estar en prisión; o el del abogado Rodríguez Menéndez, que en un permiso carcelario pudo con toda facilidad acudir a una Comisaría y conseguir el pasaporte con el que huyó del país.

Son todos casos que ponen de manifiesto que la interconexión entre órganos judiciales que vienen demandando los distintos sectores de la judicatura son realmente necesarios. "Si hubiera una interconexión, no ya solo entre órganos judiciales, sino también con la policía, la Guardia Civil e instituciones penitenciarias, podrían evitarse situaciones que ahora se producen, como por ejemplo que un juez de Cáceres no pueda saber que un detenido por la comisión de un delito en esta ciudad se encuentra en libertad condicional por otro cometido en Salamanca".

UNA NECESIDAD Para jueces, fiscales y demás miembros de la judicatura extremeña disponer de los medios necesarios para la interconexión en materia de Justicia y Seguridad entre las distintas comunidades "es fundamental y muy necesario". No entienden que esto sea así en otras administraciones, como puede ser Hacienda, y no en Justicia. "En Hacienda con solo introducir en el ordenador el DNI de un ciudadano, sea de la comunidad que sea, se puede saber todo sobre él, y en Justicia un juez no sabe siquiera lo que está haciendo el de al lado".

Y ocurre en la Justicia como también en otros servicios de las distintas comunidades, en este caso los de Sanidad, como prueba el hecho de que el Servicio Andaluz de Salud (SES) desconocía que el extremeño, el SES, estaba actuando también en la causa contra Juan Carlos Cofrade. "En Andalucía se le contrató simplemente porque presentó su título homologado, aparentemente en regla, sin saber que tenía una prohibición de ejercer por estar inmerso en un proceso judicial".