Defender el derecho a decidir de las mujeres. Este es el objetivo que llevó a Catalina Galán a autoinculparse de haber abortado, como otro centenar de extremeños, para remover la conciencia social en este ámbito. Ahora han sido llamados a declarar, los últimos ayer mismo. Como presidenta de la asociación de mujeres Malvaluna, que impulsó esta movilización en Extremadura, explica a EL PERIODICO las claves de la vuelta a la actualidad del debate sobre el aborto.

--A finales del año pasado, varias personas fueron detenidas por las irregularidades detectadas en las clínicas abortistas del doctor Morín. ¿Cree que así se inició la vuelta del debate sobre el aborto a la actualidad?

--Quizá la vuelta al debate público, ya que que las organizaciones de mujeres llevamos mucho tiempo pidiendo la revisión de este tema, aunque quizá las actuaciones del año pasado aceleraron ese proceso.

--Pero el origen del debate está en la norma que regula el aborto, ¿no es así?

--Sí, ahora mismo hay dos cuestiones importantes. Por un lado, a raíz de aquellas detenciones y posteriormente se produjo en Madrid una especie de persecución a las mujeres y profesionales relacionados con el ámbito del aborto. Por otro, hace falta --ya lo venimos diciendo prácticamente desde 1985-- abordar una reforma de la actual normativa en esta materia, porque lo que se pretende es sacar la interrupción voluntaria del embarazo del Código Penal y llevarla donde debe estar, al área de la salud.

--Precisamente, la campaña de autoinculpaciones se inició en protesta por la investigación de la clínica madrileña Isadora.

--Exacto. En Extremadura recogimos más de un centenar de autoinculpaciones, que en el conjunto del país sobrepasaron las 16.000, de hombres y mujeres que nos inculpábamos simbólicamente.

--¿Con qué objetivo?

--Fundamentalmente, llamar la atención a la opinión pública sobre la actual situación del aborto en España, porque lo que reivindicamos es el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos con plenas garantías de igualdad y gratuidad y una nueva regulación del aborto conforme a los criterios que se marcan en la IV Conferencia Mundial de las Mujeres de la ONU y las recomendaciones del Parlamento Europeo.

--¿Puede explicar en qué consistió la autoinculpación?

--En firmar un documento inculpándose de haber abortado en el que, además, se hacía especial hincapié en que ese documento formaba parte de una campaña para llevar al debate público la situación de indefesión de las mujeres y de los profesionales y pedir que el aborto sea despenalizado. Posteriormente, presentamos estos documentos ante el decanato de los juzgados, en Mérida.

--Pero ahora han sido llamados a declarar, como ocurrió ayer.

--Sí, más de una decena de las personas que nos autoinculpamos hemos sido llamadas a declarar por dos juzgados de Mérida, al haberse abierto la instrucción del caso.

--¿Les preocupan las posibles consecuencias?

--Fundamentalmente, esto lo que demuestra es la inseguridad que rodea a las mujeres que recurren a la interrupción voluntaria del embarazo y a los profesionales que las atienden.

--¿Qué esperan que ocurra?

--Esperamos que los casos se archiven, como ha ocurrido en la mayoría de las comunidades autónomas, y que, además, el tema del aborto se revise y se apruebe la ley de plazos.

--Esa es la propuesta recientemente aprobada en el Congreso del PSOE y de la que, según anunció el presidente, va a hacerse eco el Gobierno. ¿Cómo la valoran?

--Muy positivamente, pero ojalá que ese tema no se demore y que la reforma se debata lo antes posible y tengamos por fin la esperada ley de plazos.