«Los cazadores extremeños están sufriendo un reiterado acoso y derribo por parte de sectores de la sociedad que no comparten ni respetan esta actividad y abogan abiertamente por su prohibición. Ello ha generado incertidumbre en el mundo cinegético de la región, que nos ha llevado a reaccionar solicitando respeto y defensa de nuestros derechos e intereses». Es el manifiesto que la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) ha lanzado esta semana. Ha puesto en marcha en redes sociales la campaña #LaCazaTambiénVota para informar sobre las propuestas electorales que, en materia cinegética, los partidos incorporarán en sus programas para los comicios del próximo 26 de mayo.

La entidad llevará a cabo una ronda de contactos con las diferentes fuerzas políticas, a las que presentará un documento con puntos concretos de apoyo a la caza. Después, se informará sobre la aceptación o rechazo de las mismas.

En localidades pequeñas

Fedexcaza recuerda que representan a más de 17.000 cazadores y 287 sociedades, con implantación en la mayoría de municipios de la región. Y que los cazadores en activo suponen el 8% de la población extremeña mayor de edad, mientras que un 40% de estos reside en municipios de más de 10.000 habitantes y el 60% restante vive en localidades de menor población.

También aportan argumentos de territorio: «El terreno cinegético alcanza casi los tres millones y medio de hectáreas, lo que significa que más del 83% de la superficie de nuestra comunidad está destinada, entre otros aprovechamientos, a la caza».

Y económicos: «Un estudio sobre el impacto económico y social de la caza en España que la Fundación Artemisan ha publicado recientemente señala que genera 6.475 millones de euros y empleo a 187.000 personas». «Con esos datos -continúan-, es innegable que ostenta la condición de primer subsector económico productivo primario, especialmente significativo para municipios rurales y zonas desfavorecidas».

Curiosamente, ayer se abordó en comisión parlamentaria la nueva la Ley de Caza que ha impulsado el PSOE. Los socialistas aseguran que las modificaciones que se plantean «atienden las demandas del sector y que nacen del diálogo con la federación extremeña». Además, añaden que defienden esta actividad «por su clara vocación de sostenibilidad del medio ambiente».