La empresa CBM, propiedad de los hermanos Acedo, calificó ayer de "absurda" la petición de la empresa Icaro a la Junta de Extremadura para que excluya a los primeros de la nueva baremación para la concesión de emisoras de FM, por considerar que incumplieron el pliego de cláusulas que rigió el concurso en 1998, ahora anulado por el Tribunal Supremo y que deberá repetirse.
CBM insiste en un comunicado en que el fallo de la sentencia del Supremo anula todas las adjudicaciones que hizo la Junta, "incluidas las dos que ilegalmente logró Icaro", que obtuvo las licencias de radio FM de Moraleja y Valencia de Alcántara, a las que también optaba CBM.
En este sentido, recuerda a Icaro que "se le otorgaron irregularmente más puntos de los que tenía derecho". Por ello, CBM cree que las manifestaciones de Icaro se deben a que "se ha dado cuenta de que va a perder sus dos concesiones", ya que, aplicando el criterio del Supremo, la nueva puntuación sería menor que la de CBM.
De otro lado, el PP consideró ayer un "varapalo" para la Junta la sentencia del Tribunal Supremo y mostró su "indignación" por el hecho de que el Gobierno regional la haya acogido con "satisfacción".
El secretario de Comunicación del PP, Tomás Martín Tamayo, señaló que el secretario general de la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico, Pedro Barquero, "mintió" y "tergiversó" los términos de una sentencia que, según los populares, es muy "severa" con la Junta.
Por su parte, la Junta afirmó que el PP "tergiversa las sentencias para defender intereses particulares".
