La organización sindical CCOO denunció ayer que en Extremadura se hacen 100.000 horas gratis a la semana, lo que supone un fraude de 88 millones de euros anuales y ocasiona la pérdida de 2.500 puestos de trabajo a tiempo completo. La secretaria general de CCOO en Extremadura, Encarna Chacón, facilitó estos datos, que son el resultado de un informe elaborado por su sindicato, en base a datos de las Encuesta de Población Activa (EPA) y del coste laboral correspondientes a 2018, relativo al exceso de jornada que no se abona a los trabajadores ni son objeto de cotización a la Seguridad Social.

Sobre este asunto, Chacón manifestó que en este estudio se pone de manifiesto que en España hay un millón de trabajadores a tiempo completo que trabajan por encima de su jornada pactada sin recibir una retribución añadida, con una media de prolongación de 10,5 horas a la semana, lo que supone un total de 11 millones de horas no pagadas y no cotizadas, que se traducirían en la creación de casi 300.000 puestos de trabajo.

En concreto, el perfil que ofrece este informe sobre el trabajador que suele prolongar su jornada en España es el de un hombre, de entre 30 y 49 años, con contrato indefinido en el sector servicios y con un categoría muy técnica, lo que pone de relieve, a juicio de la dirigente sindical, que la precariedad no solo está en los empleados menos cualificados.

La secretaria regional de CCOO precisó que, en el caso de Extremadura, unos 11.000 trabajadores estarían trabajando por encima de su jornada pactada, con una media de prolongación en la comunidad autónoma es de 9,2 horas a la semana, por debajo de la media nacional, de 10,5 horas, por lo que, el 5% de la población asalariada en la región con jornada completa «prolonga su jornada por encima de la pactada».

Ante estos datos, y en declaraciones recogidas por Efe, Chacón exige a la Administración pública que dote de los recursos suficientes a la Inspección de Trabajo para que vigile la eficiencia del nuevo control horario establecido recientemente por el Gobierno central, con el ánimo de que se conozca la jornada efectiva real que hace cada trabajador.

La secretaria avanzó que exigirán «de inmediato» al nuevo Ejecutivo extremeño que pongan en marcha «con prioridad absoluta», los instrumentos necesarios para vigilar que los empresarios cumplen con la nueva normativa de control horario y sancionar a aquellos que no lo hagan.