CCOO ha denunciado la "fallida" implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia y ha asegurado que en "ninguno" de los partidos judiciales de Extremadura se van a tramitar por ahora los procedimientos judiciales con soporte digital.
Estos se encuentran "en diferentes grados de implantación" que podrá demorarse "durante años en algunos casos", por "no disponer de los medios tecnológicos necesarios", ha aseverado el sindicato.
Según CCOO, el plazo legal para la implantación obligatoria del expediente judicial electrónico vence hoy, por lo que ha criticado el "incumplimiento grave" de la ley por parte del Ministerio de Justicia y de las comunidades con competencias transferidas, al no haber dotado de los medios tecnológicos suficientes a la inmensa mayoría de los juzgados y tribunales, y a ninguna de las fiscalías.
Para el sindicato, esta "lamentable e ilegal" situación se debe, además de a la "desidia" del Ministerio y de las comunidades, al "empecinamiento" del ministro Rafael Catalá que "ya en la precampaña de las elecciones del 20D anunció el "papel 0" en los juzgados a partir del 1 de enero de 2016 en un acto puramente propagandístico".
CCOO ha asegurado que el Ministerio de Justicia "oculta" que la implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia "no es generalizada" y que se están produciendo "graves fallos" de funcionamiento en el sistema Lexnet de comunicaciones.
Ha añadido que el expediente judicial electrónico solo estaría listo para ponerse en marcha en los plazos legales "en una parte muy minoritaria de los juzgados y tribunales, y en ninguna fiscalía".
Desde el mes de enero de 2016, este sindicato ha venido solicitando la moratoria de los plazos de implantación, propuesta a la que se han sumado diversas asociaciones de jueces y fiscales, jueces decanos, Fiscalía General del Estado, entre muchos otros.
Desde CCOO se ha solicitado, igualmente, la convocatoria de las mesas de negociación para evaluar y negociar las necesidades de incrementos de plantilla, de planes de formación específicos y generales y las nuevas funciones de los trabajadores derivadas de los nuevos sistemas de trabajo.
"A ambas solicitudes de moratoria y negociación ha hecho caso omiso el ministerio", ha apostillado CCOO, que ha reiterado su "decidida apuesta" por la modernización de la justicia pero exige que se haga de forma "pausada, consensuada con los operadores jurídicos y negociada con los representantes de los trabajadores".
También ha solicitado que la misma cuente con una dotación presupuestaria expresa, para los medios personales y materiales necesarios, y con formación profesional exhaustiva para el personal usuario de las nuevas tecnologías.
