La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO denunció ayer la precaria situación de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio en Extremadura, donde más de medio centenar de los convenios firmados se hacen con condiciones muy por debajo de lo que marca el convenio estatal. En concreto, aseguran que hay 32 casos en los que se ha pedido la «inaplicación» del convenio a la comisión estatal, mientras que en otros 26 se aplica el convenio de empresa, en la mayoría de los casos sin mediar negociación y en virtud de los cuales el salario que se abona está por debajo del mínimo interprofesional.
El secretario general de esta federación, Antonio Cabrera, explicó que en Extremadura se producen más del 40% de total nacional de «inaplicaciones» del convenio estatal de dependencia, sustituyendo las retribuciones que corresponderían por el salario mínimo interprofesiona, con independencia de categorías y otro tipo de complementos.
Cabrera manifestó que el martes se reunieron con el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, y con el grupo parlamentario de Podemos, que, según dijo, se comprometieron a poner en marcha en esta legislatura medidas para establecer un control sobre estas empresas y dignificar el empleo de estas trabajadoras.
En total, las inaplicaciones del convenio y los convenios de empresa afectan a unas 2.500 trabajadoras de la ayuda a domicilio en Extremadura.
300 euros menos / Por su parte, el secretario general de esta federación en Extremadura, Angel Benito, detalló que la firma de convenios de empresa en Extremadura supone que estas trabajadoras cobren hasta 300 euros menos al mes, unos 600 euros frente a los 960 estipulados.
Esta situación es más sangrante en aquellos casos en los que las contrataciones son por diez o doce horas semanales.
En respuesta a esta denuncia sindical, el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, quiso comunicar que el decreto de la ayuda a domicilio estará vigente el próximo año. «Solo aquellas empresas socialmente responsables estarían acreditadas para que el ciudadano que recibe una prestación económica vinculada al servicio pueda contratar con las mismas», precisó el consejero.
El consejero propone una nueva regulación que ponga orden en la ayuda a domicilio y mejore la calidad del servicio, tanto en los cuidados a los usuarios como en las condiciones laborales de los trabajadores.
También para equiparar la situación de los trabajadores en el conjunto de la región, con independencia de que esa ayuda sea prestada por ayuntamientos o empresas privadas, según explicó.
