La Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura ha mostrado hoy su repulsa por los últimos casos de agresiones a docentes por parte de alumnos ocurridos en Extremadura y ha pedido al Gobierno extremeño que adopte medidas "más allá de las punitivas".
El sindicato ha señalado que cualquier acto de violencia sufrido en el trabajo tiene que ser considerado como un riesgo grave, que puede influir de manera muy negativa en quien lo ha sufrido, afectando tanto a su integridad personal como profesional.
Por ello, anima nuevamente al profesorado que sufra cualquier incidencia de este tipo que comunique de manera inmediata a la dirección de su centro lo sucedido, para que se active el protocolo para casos de violencia en los centros educativos, aprobado en el Comité de Seguridad y Salud de la Consejería de Educación.
Asimismo, permitirá que se activen los procedimientos establecidos en los reglamentos de funcionamiento interno de cada centro, aprobados por sus consejos escolares respectivos, así como en los planes de convivencia que tengan implementados.
Además, exige a la Junta que una vez sea conocedora de cualquier comunicación recibida en este sentido, active las medidas necesarias para proteger al profesional afectado, prestando las asistencias tanto desde el punto de vista psicológico como jurídico.
CCOO también considera necesario que la administración educativa redoble sus esfuerzos en el Plan Regional para la Convivencia, diseñando programas de formación, tanto para el profesorado como para el alumnado, que promuevan estrategias para reforzar la convivencia, integrando también a las familias.
Del mismo modo cree que es necesario elaborar campañas informativas y de sensibilización en la necesidad del respeto a los derechos personales y de los principios democráticos de convivencia.
Para CCOO, para afrontar soluciones a los hechos denunciados es necesario ir más allá, porque son tan necesarias las medidas de prevención de riesgos laborales y las medidas disciplinarias recogidas en los reglamentos como las medidas educativas que incidan en la prevención de estos actos.
Por ello, considera que hay que incrementar los recursos profesionales y humanos implicados en la solución a este grave problema y plantea una colaboración directa y fluida entre los equipos de orientación de los centros educativos y los de Infancia y Familia.
El objetivo es establecer medidas alternativas y de resocialización de menores, sin que sea necesaria la denuncia expresa penal, del agredido o del equipo directivo, para que las respuestas sean mucho más ágiles.
