La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO muestra hoy su "rotundo rechazo" a la privatización de las ocho nuevas estaciones de ITV en la región y de las ya existentes en Olivenza y Almendralejo, gestionadas en la actualidad por GPEx, en "beneficio de los intereses económicos privados".
El sindicato defiende la gestión pública de las ITV en Extremadura ante el anuncio ayer del consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, Víctor del Moral, de la contratación de la "gestión indirecta" del servicio público de construcción y explotación de estas diez estaciones de ITV.
FSC-CCOO censura "nuevo capítulo de recortes" a las administraciones públicas, en el que la gestión de lo público quedará "más subsidiada" a la iniciativa privada, pasando a "un segundo plano el beneficio y la rentabilidad social de los servicios públicos".
Extremadura, recuerda el sindicato, optó por el modelo de gestión pública de este servicio que garantiza la prestación de un servicio homogéneo en todo el territorio y combina "la rentabilidad social con una óptima utilización de los recursos económicos públicos".
Además, la organización sindical subraya que se trata de un tema donde debe prevalecer garantizar la seguridad de las personas a través de las condiciones adecuadas de sus vehículos.
CCOO no comparte "en ningún término" los argumentos del consejero para justificar la existencia de este doble modelo pues cree que el traspaso a la iniciativa privada "no genera empleo estable, sólo sustituye empleo público que supone calidad en el servicio", y supedita las condiciones laborales al beneficio empresarial.
En su opinión, el hecho de incorporar a esta licitación las dos ITV gestionadas en la actualidad por GPEx, en Olivenza y Almendralejo, supone, además de más "pérdida" de empleo en el sector público, una posición política clara de este gobierno de "rechazo absoluto" a cualquier instrumento de gestión pública.
A este respecto, destaca que todas las privatizaciones de servicios públicos han supuesto un "incremento del coste del mismo que siempre acaban pagando los ciudadanos", razón por la que muestra su "rotundo rechazo" a la privatización de estas estaciones de ITV.
Al mismo tiempo, exige al Gobierno regional que se comprometa con los extremeños a mantener la calidad del servicio, las condiciones laborales de los trabajadores, a no incrementar las tasas actuales y mantener la gestión pública de las ITV.
