La secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO, Marisol Salazar, tacha de "penosa" la situación originada entre el Gobierno central y los autonómicos de Extremadura y Castilla y León por el pago de parte de la extra de 2012 a los empleados públicos.
El secretario de Estado Administraciones Públicas, Antonio Beteta, informó ayer de que el Gobierno recurrirá la devolución de la paga extra de diciembre de 2012 anunciada por estas dos autonomías.
"Nos parece penoso que se haya producido esta situación porque los principales afectados son los empleados públicos a los que se les ha lesionado un derecho fundamental y se les ha robado porque se les ha sustraído una paga", indica Salazar.
Recuerda que los trabajadores se han visto obligados a acudir a la justicia para que ésta diga que "lo que se ha hecho es ilegal".
Reitera que es "penoso" que una vez que hay sentencias firmes que reconocen el derecho a percibir "de momento" una parte de la paga, un representante del Gobierno español "amenace" a otro Ejecutivo porque "va a cumplir" una sentencia que es firme.
De este modo, recomienda a los dirigentes políticos que "se enteren de lo que están hablando" porque, a su juicio, parece ser que no conocen estas sentencias que se han dictado no solo en Extremadura, sino en todo el país.
Así, destaca que lo que debe anunciar el Gobierno central es que reconoce "la barbaridad e ilegalidad" que ha cometido con los empleados públicos y aboga por que rectifique porque "es justo" que se le devuelva la extra a los funcionarios y es hora "de que se haga justicia".
