El alcalde de Badajoz, Miguel Celdrán, pidió ayer "mil disculpas" por los posibles retrasos de este ayuntamiento en la presentación de datos solicitados por el Defensor del Pueblo. En el último informe anual de esta institución, el del 2009, este consistorio aparece como uno de los nueve de la región que se demoraron o no enviaron la información requerida. Celdrán dijo ayer desconocer que hubiera peticiones pendientes al respecto, aunque añadió que "es posible que haya algún escrito que no se haya contestado". Igualmente, aseguró que se "interesará por saber qué hay pendiente con el Defensor del Pueblo" para que se sienta "a gusto y tranquilo" y pueda presentarse "de nuevo a las elecciones".
Otro de los ayuntamientos incluidos en el informe es el de La Garrovilla. En este caso, la queja la presentó un particular "molesto" con la fábrica de fertilizantes que se ubica en esta localidad. "Nos han pedido de todo: informes medioambientales, sobre ruidos, malos olores...." explica José Pérez, alcalde de este municipio, que incide en que la industria cumple todos los requisitos legales. Pérez reconoce que en algún caso se pueden haber producido retrasos a la hora de facilitar la documentación "porque nuestra capacidad técnica es muy limitada". En ocasiones esto les obliga, arguye, a solicitar a la Junta que les envíe los técnicos necesarios para elaborar la documentación requerida, con el consiguiente retraso en los trámites.
