Los centros de salud extremeños comenzarán a emitir en el acto las tarjetas sanitarias antes de finalizar el primer semestre de 2014, según anuncia hoy el director general de Planificación, Calidad y Consumo, Jose Manuel Granado.
Granado ha comparecido en la Comisión de Salud y Política Social del Parlamento de Extremadura, a petición del PSOE, para informar de la demora en la emisión de la tarjeta sanitaria por caducidad, deterioro u otros problemas.
El responsable sanitario explica que la nueva adjudicación de la emisión de la tarjeta será sólo por un año ya que están trabajando para prestar el servicio directamente desde los centros de salud, hospitales y gerencias de área.
Estos espacios contarán con impresoras especiales para entregar en el acto la tarjeta plastificada, con el correspondiente chip grabado, que cumplirá con la normativa estatal.
El presupuesto de licitación será de 1,5 millones de euros, que se sufragarán por medio de fondos europeos.
El convenio para hacer realidad esta iniciativa convenio para hacer realidad esta iniciativase ha firmado esta mañana en la sede del Ministerio de Industria en Madrid entre el titular de este departamento, José Manuel Soria; y el presidente extremeño, José Antonio Monago.
A su juicio, este paso permitirá acabar con los problemas de distribución de la tarjeta y ahorrar costes.
La diputada socialista María Consolación Serrano denuncia que entre un 15 y un 20 por ciento de los usuarios no cuentan con tarjeta sanitaria y que la inmensa mayoría de ellos llevan meses sin ella.
Serrano alerta de que esto provoca graves problemas, ya que no pueden acceder a la receta electrónica o, en el caso de los pensionistas, no se les pueda aplicar el tope del copago farmacéutico en el caso de que tenga derecho a ello.
Los problemas de identificación que trae provocan, por ejemplo, desprotección en los viajes, según la diputada socialista.
Granado dice que es falso que entre el 15 y el 20 por ciento de los usuarios no disponga de tarjeta sanitaria y subraya que sólo se han presentado 94 reclamaciones.
De ellas, únicamente hay 19 quejas son por una demora mayor a un año y, de éstas, ha destacado, 9 provienen de la etapa de gestión socialista.
El director general enumera los problemas habidos desde octubre de 2009, en que se firmó el primer contrato con la adjudicataria, por valor de 1,7 millones de euros, que posteriormente fue modificado al alza.
A su juicio, fue un contrato "arriesgado, catastrófico y demasiado caro", y critica que no se usase la opción gratuita de Correos para la distribución de las tarjetas, una tarea que la adjudicataria subcontrató con otra empresa.
Granado también ha anunciado que están trabajando para montar la estructura necesaria para almacenar los certificados digitales y que el profesional pueda firmar documentos electrónicamente.
Esta firma es necesaria para que pueda acceder a los historiales médicos de otras comunidades autónomos, ha apuntado
