El presidente del Comité de Entidades de Representantes de Minusválidos (Cermi) de Extremadura, Manuel González, pide hoy a los diputados y al presidente de la Cámara regional, Fernando Manzano, un pacto por un modelo de atención sostenible a la discapacidad.

González participa hoy, junto a otros miembros del Cermi, en una reunión con Manzano y los portavoces de los cuatro grupos parlamentarios de la Asamblea extremeña, un encuentro en el que ha trasladado las principales reivindicaciones de este colectivo.

Tras la reunión, explica que el modelo debe ser sostenible en todos los sentidos y de manera especial en el apartado económico, porque "ya no vale" aquello de hacer "más con menos".

Así, manifiesta, a modo de ejemplo, que los colectivos que agrupa el Cermi están prestando servicios financiados por la comunidad cuyo coste es superior a los fondos que concede la región.

"La comunidad nos paga menos dinero de su coste real y eso hace que sea insostenible y la diferencia es financiada como se puede por parte de las entidades", añade González.

Por otra parte, destaca que la futura Ley de Discapacidad de Extremadura dará un vuelco "positivo" a la atención a este colectivo y ha adelantado que el Cermi participará "muy activamente" para que la norma no nazca como impuesta, sino desde la necesidad y el conocimiento de la discapacidad y sus problemas.

Manzano afirma que la Cámara ha tomado "buena nota" de las sensibilidades del Cermi e informa que los grupos parlamentarios se han ofrecido para tener reuniones de trabajo con los colectivos que forman parte de esta entidad.

De este modo, considera que el encuentro ha sido "muy fructífero e importante" y ha recordado que la Ley de Servicios Sociales y la de la Discapacidad que se tramitarán en el Parlamento tendrán la "implicación directa" del Cermi.

Manzano pide también "altura de miras" a los partidos políticos con representación en la Asamblea autonómica para que estas dos normas se aprueben por unanimidad como fue el caso de la Ley de Educación de Extremadura porque sería "lo bueno, lo deseable y lo justo".

A preguntas de los periodistas sobre los plazos para que los proyectos de ley entren en la Cámara, el presidente del Legislativo extremeño apunta que le consta que la de Servicios Sociales está "bastante avanzada" y que el Gobierno regional trabajará en las "próximas semanas" en la de Discapacidad.

Asegura que una vez entren en el Parlamento, la tramitación se hará "lo más rápida posible" para que puedan entrar en vigor en el menor espacio de tiempo.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Cantero, aboga por que la atención a este colectivo sea un derecho real y ha afirmado que la sostenibilidad ha de suponer que quien tenga "ese derecho" reciba las prestaciones que recogen las normas.

Su homólogo socialista, Valentín García, avanza que su grupo trabajará para que cuando se discutan los próximos presupuestos éstos establezcan un "marco estable de financiación" para este colectivo.

Por su parte, el regionalista del Grupo Mixto Damián Beneyto manifiesta que su grupo apoyará y participará en la confección de la Ley de Discapacidad y pedirá que tenga una financiación suficiente para paliar los problemas de las personas con discapacidad.