El problema de la certificación de los fondos europeos podría repercutir en el déficit de 2016 en más de 100 millones de euros, unas seis o siete décimas, según ha estimado hoy el interventor general de la Junta de Extremadura, Agustín González Pérez.

El interventor ha comparecido hoy en el Parlamento regional para contestar a una pregunta del PP sobre el informe del grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda pública.

Están obligadas a emitirlo las comunidades autónomas que incumplieron el objetivo de déficit de 2015 y están adheridas al Fondo de Liquidez Financiera (FLA).

En su intervención, ha precisado que este informe es "una opinión de auditoría" basada en "datos reales" sobre el grado de cumplimiento previsto, pero no es un "certificado".

Asimismo, ha aclarado que debido al uso de diferente metodología, suele haber "discrepancias" entre el dato de déficit de Extremadura que da el Estado y el de la Administración regional.

Hechas estas salvedades, se ha referido al último informe emitido por la Intervención General de Extremadura, con datos a fecha de 31 de julio y firmado el 13 de septiembre, que refleja una "significativa disminución del déficit" respecto al anterior hasta situarse en 61,75 millones, el 0,34 % del Producto Interior Bruto Regional (PIB).

En el informe de junio el déficit era de 210 millones de euros, el 1,1 % del PIB, según la Intervención General.

A esa mejora han contribuido la liquidación positiva del sistema de financiación autonómica de 2014 y la compensación percibida por el Estado relativa al impuesto sobre los depósitos bancarios.

Entre los riesgos para cumplir con el objetivo de estabilidad, se ha centrado en el problema de la certificación de la cofinanciación de los fondos europeos, ya que si se gasta y no se reconocen derechos, sale un déficit, que aunque es "coyuntural", "sale en la foto", ha advertido.

Este año aún no se ha certificado nada del Fondo Social y el Feder, lo que podría suponer entre seis y siete décimas en el déficit del cierre del año, según sus estimaciones.

Por hecho, ha insistido en que el Ministerio de Hacienda tiene que concluir con la máxima celeridad el sistema de certificaciones que está preparando.

González Pérez ha planteado el escenario en el que se podrían ver envuelta Extremadura y otras comunidades autónomas.

"En el supuesto que salgamos con un déficit del tres, y de eso un punto y pico sea de fondos europeos", ha expuesto, "algo tendremos que pensar a efectos de tratamiento de sanciones".

"Si no somos capaces de certificar -los fondos europeos-, mal está que salgamos en una foto siendo los malos malísimos, pero que encima después tenga consecuencias negativas", ha advertido.

A su juicio, esta certificación va a "condicionar muchísimo" acercarse o no al objetivo del 0,7 % de déficit.

El interventor general también ha expuesto el efecto negativo que tendrán las sentencias del llamado impuesto eléctrico, que el año pasado tuvo una incidencia del 0,42 % y que este 2016 será inferior, ha estimado, aunque no lo ha cuantificado.

En el informe también se aboga por contener el gasto estructural asociado fundamentalmente a las partidas financiadas con recursos propios de la región.