La portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, advierte a los jueces extremeños que este órgano no tolerará actuaciones ilegales y confía en que los miembros del Poder Judicial valoren los efectos perjudiciales que acarrearían una huelga.
Según recoge la agencia Efe, así en una declaración institucional aprobada hoy, por unanimidad, por el pleno del CGPJ, después de que el viernes muchas juntas de jueces decidieran volver a reunirse en enero para debatir si van o no a la huelga, mientras que otras, como las de Extremadura y Murcia , aprobaron la convocatoria de un paro laboral para el próximo 18 de febrero en demanda de más medios.
Bravo espera que el trabajo efectuado por el CGPJ, el Gobierno y las comunidades autónomas lleve a que este tipo de medidas anunciadas finalmente no se lleven a cabo. "El Consejo no va a tolerar actuaciones o acuerdos ilegales", declara la portavoz, quien añade que este órgano no se siente responsable de forma exclusiva del malestar de la carrera judicial porque "las deficiencias que denuncian se arrastran desde hace muchos años".
La portavoz subraya que confían plenamente en los jueces porque saben que son un Poder del Estado y hace hincapié en que "es difícilmente explicable a los ciudadanos que uno de los tres Poderes del Estado esté en huelga". Además, afirma que serían los ciudadanos los primeros afectados y las "grandes víctimas".
La declaración recuerda que, en sus dos meses de andadura, el órgano de gobierno de los jueces ha impulsado en colaboración con el Gobierno y las comunidades autónomas un Plan de Modernización de la Administración de Justicia, así como medidas concretas y urgentes para reforzar los órganos judiciales con problemas de funcionamiento o en vías de saturación.
En el texto se recalca la confianza en la responsabilidad personal e institucional y en el sentido común de los jueces y magistrados, como integrantes que son de un Poder del Estado, para que la celebración de juntas no afecte a los señalamientos, ni a las actuaciones judiciales y al normal funcionamiento del servicio público.
Según observa Bravo, el CGPJ adoptará las medidas necesarias para asegurar la legalidad de los acuerdos adoptados en las juntas de jueces y para garantizar que las demandas de los ciudadanos sean atendidas de forma inmediata.
