Más de 900 números con prefijo 906 que operaban de forma irregular en Extremadura han sido cortados como consecuencia de la investigación llevada a cabo por la comisión permanente encargada de vigilar el funcionamiento de este tipo de líneas. Todas las empresas afectadas incumplían una o varias normas obligatorias en la forma de ofrecer sus servicios, una situación que no garantizaba los derechos del usuario, que podía ser víctima de un fraude.

La investigación se ha realizado a través de los anuncios de líneas 906 que aparecen en los medios de comunicación de la región y ha sido dirigida por una comisión permanente formada por la Asociación de Empresas de Servicios de Valor Añadido (AVA), el Instituto Nacional de Consumo, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y el Consejo General de los Consumidores y Usuarios. El objetivo de este plan de inspección, cuya primera fase ha finalizado, es favorecer la transparencia en los servicios prestados a través de estas empresas y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Según han manifestado desde AVA a este diario, las líneas cortadas incumplían una normativa establecida desde el pasado mes de enero para regular el sector, que obliga a indicar en los anuncios el precio máximo por minuto, el nombre de la empresa y el domicilio o lugar de contacto de la misma a fin de que el usuario pueda reclamar cuando el servicio no se ajuste a lo anunciado.

PRACTICAS DESLEALES

Para Angel Martín, director general de AVA, el plan de inspección permite avalar el sector de los 906 "y la labor que se viene desarrollando por parte de las empresas que cuentan con una reconocida solvencia y experiencia, frente a unos pocos que recurren sistemáticamente a prácticas desleales, incumpliendo el código de conducta".

Aunque todas las empresas afectadas operaban en Extremadura, desde la asociación no han querido desvelar cuántas de ellas tenían fijada su sede en la región, ya que la investigación aún no ha finalizado. La continuidad de los trabajos de la comisión permanente permitirá, en opinión de Martín, crear las herramientas suficientes "para impedir el abuso de unos pocos que sólo persiguen la obtención de lucro de manera irregular".

Por otra parte, la comisión actuaba en todo el país desde antes de que se estableciera el código de conducta. Así, a finales del 2002 había tramitado cerca de 90 denuncias que afectaban a más de 160 números pertenecientes a líneas de pago.