Fue el 17 de diciembre del año pasado cuando el pleno de la Asamblea de Extremadura (con los votos a favor de PSOE y Podemos y en contra el PP y la abstención de Ciudadanos) derogaba la ley del Consejo Consultivo. El acuerdo de socialistas y podemistas ponía fin al desarrollo de un órgano, contemplado en nuestro Estatuto de Autonomía, pero desde ese momento sin uso como también lo están el Consejo de Cuentas o el Personero del Común (defensor del pueblo extremeño) creados de igual modo estatutariamente pero nunca desarrollados.

En el caso del Consultivo, este órgano ha funcionado 14 años, lo que ha obligado a traspasar todo su personal a otras dependencias de la Junta. Sus funciones, por su parte, se derivan ahora al Consejo de Estado, órgano que vela por la legalidad de cuantas leyes se aprueban en Extremadura, aunque se ha creado ‘la Comisión Jurídica’ de la comunidad que asume buena parte de sus funciones, entre ellas emitir dictámenes sobre proyectos de ley y decretos autonómicos y estudiar expedientes de reclamación patrimonial menores de 15.000 euros. En este caso no hay consejeros como anteriormente, y sí funcionarios letrados de la Junta, la Asamblea o cualquier administración pública con más de diez años de servicio y sujetos al mismo al régimen de incompatibilidades que los consejeros o el presidente de la Comunidad.

El ahorro que ha alegado la Junta de Extremadura es de 600.000 euros. La sede del Consultivo en Badajoz, en la calle del Obispo San Juan de Ribera, ha vuelto a la institución que lo cedió, en este caso la Diputación de Badajoz, que le ha dado otros usos.

Se cumple así con una promesa electoral del PSOE cuando estaba en la oposición y decidió que, de llegar al poder, suprimiría este órgano, el cual el gobierno del PP había puesto al frente al exconsejero Pedro Nevado Batalla para nombrar a su presidente actual, Clemente Checa, consejero de Hacienda.