El joven de 21 años Miguel Angel Mateos Carvajal murió el 7 de junio del 2005 cuando trabajaba en una nave en construcción en Trujillo porque las previsiones de seguridad en la obra eran "inexistentes" y las personas que debían velar por su cumplimiento se "desentendieron".

Así lo considera el magistrado del Juzgado de lo Penal de Cáceres en una sentencia hecha pública ayer, en la que condena por esta muerte a 1 año y 9 meses de prisión por homicidio imprudente y un delito contra la seguridad en el trabajo al promotor de la obra, el contratista, un subcontratista y un arquitecto. Deberán pagar una multa de unos 2.200 euros. Un segundo arquitecto ha sido también condenado, pero a tres meses menos y a una multa de 1.500 euros.

Todos ellos deberán indemnizar solidariamente a los padres del joven con 132.684 euros más los intereses y al pago de las costas del proceso. Ninguno de los condenados irá a la cárcel al no superar la condena los dos años de prisión.

La víctima del accidente laboral falleció al precipitarse al vacío desde una altura de ocho metros cuando pretendía bajar de la cubierta de la nave en la que trabajaba. El magistrado destaca el hecho de que el operario trabajara desde las 15.00 hasta las 18.30 horas soportando 35 grados de temperatura sin casco ni ningún tipo de sujeción. Al bajar de la cubierta, lo hizo por una escalera que tampoco reunía las condiciones mínimas de seguridad.

El fallo judicial valora que el plan de seguridad de la obra y el estudio básico adolecían de "carencias muy significativas", por lo que se convirtieron en documentos "meramente formales". Insiste también en que los diferentes responsables de la construcción de la nave industrial demostraron una "descoordinación" y "desentendimiento" en el cumplimiento de las medidas de seguridad, desde el promotor a los arquitectos.

FALLO EJEMPLAR La Federación de la Construcción de UGT calificó ayer esta sentencia de ejemplar al condenar por la vía penal el trágico resultado de un accidente laboral. Asimismo consideró que viene a demostrar que en Extremadura existe "una prevención formal (sobre el papel), pero que no se traslada de forma real a los centros de trabajo".

MCA-UGT, que vuelve a reclamar una planificación preventiva real, considera que esta vía penal dará más resultados que los planes que hasta ahora se han firmado en la región para prevenir los accidentes laborales.