Tres Juzgados de Primera Instancia de Mérida tiene abiertos hasta cinco procedimientos penales por la gestión llevada a cabo en el Festival de Mérida hasta la edición de 2011, incluida la última que organizó el anterior ejecutivo socialista bajo la presidencia de Guillermo Fernández Vara.
De esos procedimientos se han derivado por ahora un total de cinco imputaciones, entre ellas las de dos exaltos cargos del anterior gobierno, tanto Pedro Salguero, gerente del Festival hasta 2011, como Agustín Sánchez Moruno, exsecretario general técnico de la Consejería de Cultura, que declaró el pasado 8 de abril. Están imputados por malversación y estafa, respectivamente. Los otros tres corresponden a un administrativo del Festival, al propietario de una imprenta de Mérida y a un asesor fiscal y auditor.
También se viene produciendo en las últimas fechas la declaración de numerosos testigos. El próximo será el día 3 de junio cuando ha sido citado el exdirector general de Promoción Cultural, Javier Alonso de la Torre. También declararán por este concepto, aunque aún no hay fecha señalada, las exdirectoras Blanca Portillo y Chusa Martín.
Hay un requerimiento expreso del juzgado al exgerente Pedro Salguero para que entregue la CPU del ordenador que se llevó de su puesto laboral cuando dejó el cargo y que contenía información económica del Festival. De forma paralela, el juez ha requerido un informe a la policía judicial especializada en delitos económicos sobre la contabilidad del certamen hasta el año 2011 y en concreto sobre la emisión de facturas.
Resulta muy llamativa la declaración de Pedro Manuel Salguero, que a la vez era gerente del Festival (desde marzo de 2006 hasta el 5 de noviembre de 2011) y de la Orquesta de Extremadura. Lo primero que asegura es que no tuvo la obligación de presentar las cuentas ante el Registro Mercantil "al ser el Festival una fundación". Sin embargo, hay que recordar que desde 2012 hasta la fecha se realiza puntualmente año tras año por el nuevo director Jesús Cimarro.
NO HABIA ORDENADORES Salguero también señala en su declaración que antes de su llegada en el 2006 no había "ni cuentas ni libros de registro" del Festival y cuando él accedió al cargo "no había ordenadores". Además, reconoce que libró dos pagarés pero que no sabía que no tenía fondos el Festival y que a su vez ordenó una transferencia bancaria por 100.000 euros a la Orquesta de Extremadura. Luego señaló en su declaración que él cobraba un sueldo de la Orquesta y del Festival pasaba los gastos que generaba. Sin embargo, advierte que realizó la transferencia "no por los servicios prestados sino por la transferencia de fondos que hacía de una fundación a otra para suplir el déficit de liquidez del Consorcio".
Salguero reconoce que libró un pagaré por 24.000 euros a favor de la entidad 'Hidráulica y Mecánica, S.L.' como anticipo de un estudio que tenía como objetivo hacer más cómodos los asientos a los espectadores, pero "dicho estudio no fue finalizado por dicha empresa" y no efectuó las reclamaciones por el pago anticipado. Dicha empresa terminó cerrando, aunque desconoce si esta sociedad se dedicaba realmente a este tipo de actividades, aunque cuando él trabajaba con anterioridad en la empresa Dieser como jefe de administración sí conoció a 'Hidráulica'.
A renglón seguido, y a preguntas de un abogado, negó haber librado un cheque por valor de 28.000 euros a favor de la empresa 'Ochopunto más' pero dijo que esa cantidad quien la cobró realmente fue Agustín Jiménez Sánchez, que según su versión era quien realizaba las auditorías internas del Festival, aunque "no existe factura acerca de los servicios prestados" por esa persona y no tiene "constancia documental" de que esos servicios se hayan realizado.
El exgerente reconoce que tiene una vinculación familiar con Atraex, una agencia de transportes, por la que a través de la cual se contrataban autobuses. El titular de Atraex es el cuñado de su exmujer. También admite que el Festival le pagó una multa de tráfico por exceso de velocidad de 300 euros así como una factura de 174 euros en un pub de Mérida porque pensó que podía pasarlo como gasto al Consorcio.
