Frente común en defensa del sector tabaquero. Extremadura, Cantabria, Andalucía, Canarias y La Rioja firmaron ayer una declaración institucional conjunta en la que reclaman que la nueva directiva europea sobre el tabaco garantice un equilibrio entre la protección de la salud y la defensa del empleo y la actividad económica del sector. La firma del documento se produjo tras mantener los líderes de los cinco Gobiernos una reunión en Cantabria en la que han mostrado su "preocupación" por los efectos que puede tener la revisión de la normativa sobre un sector estratégico que emplea a cerca de 60.000 familias en España, 25.000 solo en la región. En representación de Extremadura, que produce el 95% del tabaco nacional, acudieron el presidente del Ejecutivo autonómico, José Antonio Monago, y el consejero de Agricultura, José Antonio Echávarri. En el encuentro también participaron representantes de la producción, la transformación y la comercialización del tabaco, así como de la hostelería, los sindicatos y la patronal.
Los cuatro líderes regionales señalan en la declaración institucional que comparten los objetivos de la directiva europea, entre ellos el de proteger la salud y reducir el consumo de tabaco entre los jóvenes, pero insisten en la necesidad de alcanzar un equilibrio entre esos fines y el mantenimiento de la actividad y el empleo en un sector que según recuerdan, es una importante fuente de ingresos a través de impuestos con una recaudación anual de 9.300 millones de euros. En su opinión, la UE debe "reconsiderar" la propuesta actual y en esa línea, piden la colaboración del Gobierno central para conseguir que la revisión de la directiva sea "proporcionada" a los objetivos pretendidos.
DEBATE "TRAMPOSO" En el encuentro, Monago ha señalado que la Unión Europea ha planteado "de forma tramposa" el debate sobre el tabaco porque habla de proteger la salud, pero en su propuesta solo regula cuestiones empresariales. El presidente ha defendido además que el tabaco es un producto legal que "genera mucho empleo" y que contribuye a fijar la población en zonas rurales en las que a día de hoy, no existe otra alternativa económica viable. En la misma línea, el presidente de Canarias, Paulino Rivero, ha confiado en que el Gobierno defienda al tabaco "con uñas y dientes" ya que según ha destacado, es uno de los pocos sectores industriales que "sigue vivo" en su comunidad. Por su parte, el jefe del Ejecutivo cántabro, Ignacio Diego, ha llamado a la implicación de todos para "hacer lo posible por alcanzar el necesario equilibrio" mientras el consejero de Agricultura andaluz, Luis Planas, ha confiado en que la declaración contribuya a que el Gobierno tenga "una voz y argumentos más claros" en Bruselas frente a una reforma que, en su opinión, no está "suficientemente justificada".
El presidente riojano, Pedro Sanz, apuntó que "nadie debe rasgarse las vestiduras por este debate que se debe abordar sin confrontación y con toda naturalidad", pero ya ayer por la tarde el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (del que forman parte más de 30 sociedades científicas) calificó de "aberración" la defensa que las cinco comunidades hacen del tabaco y señaló en un comunicado que el encuentro de ayer, celebrado en las instalaciones de Altadis, "ha sido una obscena confluencia de intereses económicos y políticos".
El encuentro también contó con la presencia del presidente de Tabacalera, Fernando Domínguez, y el portavoz de la Mesa del Tabaco, Juan Páramo. Este último ha señalado como aspectos más perjudiciales para el sector que la futura norma introduce "inseguridad jurídica", que busca una estandarización de los formatos sabores y apariencias y que aumenta el tamaño de las advertencias sanitarias hasta el 75% de la cajetilla. Páramo, que apoya el manifiesto, ha recordado además que otros estados miembros como Italia, Portugal o Suecia también han planteado objeciones.
