La autorización con carácter excepcional de las acciones cinegéticas en Extremadura, y mientras se mantenga la vigencia del estado de alarma por el COVID-19, para evitar daños a cultivos ha generado discrepancias entre defensores de esta medida, como el propio Gobierno regional, los cazadores y la asociación Asaja, y los colectivos ecologistas y animalistas.
Desde esta autorización, elevada por la Dirección General de Política Forestal y publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) el pasado 20 de abril, diversas voces la han respaldado por entender que es necesaria, mientras que otras han pedido su revocación.
Así, la propia resolución recoge que ya hay destacables daños producidos por poblaciones de jabalí y otras especies de caza menor, como el conejo, cuyos niveles son incompatibles "con la rentabilidad de la actividad y que requieren de una actuación urgente".
El propio presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha defendido este viernes la necesidad de autorizar acciones cinegéticas para evitar daños a las producciones agrícolas en un momento en que los cultivos están "en el momento más crítico".
Vara ha explicado que se está "muy cerca" de lo que significa el final del ciclo para muchos cultivos y "cuando están en el momento más crítico nos hemos encontrado con la llegada de jabalíes y conejos a algunas plantaciones".
"De lo que se trata es de intentar evitarlo y por eso hemos hecho esa medida junto a otras comunidades autónomas", ha dicho Vara.
Desde la esfera política, Unidas Por Extremadura ha solicitado al Gobierno extremeño que revoque dicha resolución y que sea el personal de la administración autonómica el que acometa las labores de control de la población de determinados predadores.
"Es un error" que la Junta "permita que se vuelva a salir a cazar, como si ésta fuera una actividad esencial en el estado de alarma", mantienen desde este grupo político, que asegura que detrás de esta autorización están las "presiones del lobbie" de los cazadores.
Al otro lado, entidades como la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) y la asociación agraria Asaja Extremadura ya venían solicitando una flexibilización de las autorizaciones administrativas a los agricultores y ganaderos para hacer frente a los daños que están causando los jabalíes.
Según Asaja, las incursiones de esta fauna silvestre "sin ningún tipo de control y campando a sus anchas están produciendo múltiples perjuicios en los cultivos, como los viñedos, sino que también han elevado la incidencia de la tuberculosis".
"Nos encontramos en un momento crucial", asegura su presidente, Ángel García Blanco, para el desarrollo vegetativo de los cultivos de esta campaña y "es fundamental la necesidad de que se permita salir al campo para la captura de estos animales".
Fedexcaza sostiene que los agricultores y ganaderos ya están sufriendo "los efectos de la falta de control de las poblaciones silvestres, de forma que los animales salvajes causan daños tanto a cultivos como al ganado". Como ejemplo, han citado "los cientos de viñas" dañados por la población de conejos en el término municipal de Los Santos de Maimona (Badajoz).
Sin embargo, diversas organizaciones ecologistas y de defensa de los animales han pedido la paralización de dicha autorización por ser actualmente época de cría, entre otros motivos.
Estas organizaciones han mostrado su "indignación" ante la citada resolución que "permite cazar jabalíes, conejos y depredadores durante la primavera, justificando su decisión en el estado de alarma". Además, consideran que la actividad de la caza no guarda relación alguna con la agricultura.
"Los campos pueden ser salvaguardado con multitud de métodos no cruentos", sostienen.
A juicio de estos colectivos, "los cotos de caza se comportan como criaderos encubiertos donde se alimenta a los jabalíes haciendo que su población se incremente con el único fin de darles muerte".
Aunque estas entidades apuntan que sí esta permitida la caza de zorros y otros depredadores, la solicitud de autorización excepcional por daños ocasionados por especies cinegéticas sólo incluye al jabalí y al conejo.
Por su parte, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales ha mostrado su apoyo a la recomendación del Gobierno central para mantener el control poblacional del jabalí. Además, de los problemas que su proliferación causa en explotaciones agropecuarias y ganaderas, están los accidentes de tráfico que pueda causar la fauna silvestre, "la persistencia" de enfermedades como la tuberculosis, la peste porcina africana y la sarna.
Los ingenieros manifiestan que los mecanismos naturales de regulación natural de las poblaciones de fauna silvestre resultan "insuficientes" en el escenario actual de interacción entre el ser humano y la naturaleza.
