El proyecto de Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Extremadura, aprobado ayer en Consejo de Gobierno y que aún debe ser debatido, prohíbe la instalación de circos que cuenten con animales salvajes en cautividad, así como la venta y reventa de entradas a precios superiores al anunciado.
El Consejo de Gobierno aprobó dicho proyecto y acordó su remisión a la Asamblea regional para su tramitación y debate, informó el Ejecutivo regional.
El objetivo del texto es establecer una regulación genérica que recoja los aspectos básicos de aplicación a todos los espectáculos públicos o actividades recreativas que se desarrollen en la región «para que se puedan llevar a cabo adecuadamente».
De hecho, el texto incluye normas que concilian «la importancia social del ocio y su trascendencia económica con el derecho al descanso, el derecho de las personas consumidoras y usuarias, la seguridad y la salubridad pública y el respeto al medio ambiente», informa EFE.
También busca la preservación del patrimonio histórico-artístico y cultural, el respeto a los animales y la protección de la salud y de la infancia y la adolescencia, así como el desarrollo de una política activa frente a actitudes sexistas, racistas y xenófobas.
En este marco, el proyecto de Ley prohíbe tanto la instalación de circos que cuenten con animales salvajes en cautividad, con independencia de su exhibición o no en los espectáculos que organicen, como las atracciones de feria giratorias con animales vivos y atados, y otras similares.
PROHÍBIDA LA REVENTA / Por otra parte, se prohíbe la venta y reventa de entradas por un precio superior al anunciado, a excepción de los supuestos de venta comisionada autorizada, cuyo recargo no podrá sobrepasar el 20%.
El proyecto de ley contempla un régimen sancionador de entre 50 y 600.000 euros en función de la infracción (muy grave, grave o leve).
Pese a que el Estatuto de Autonomía otorga a la comunidad autónoma competencias exclusivas en materia de espectáculos públicos, hasta ahora, salvo normas de carácter sectorial y dos disposiciones autonómicas, los espectáculos públicos y actividades recreativas han estado regulados por la normativa estatal.
Asimismo, el proyecto de Ley nace con «una clara vocación descentralizadora» hacia los ayuntamientos, lo que se plasma en las amplias potestades que les confiere, tanto en la intervención administrativa previa como en las facultades de inspección, control y carácter sancionador.
