Una demanda presentada por ocho controladores aéreos militares de la base de Talavera la Real mantiene en vilo el futuro de las conexiones aéreas de Extremadura tanto con Madrid como con Badajoz.
La historia de este litigio de altos vuelos viene de lejos. Hace años que un grupo de 66 controladores militares de toda España --ocho de ellos de Badajoz-- viene reclamando al Ministerio de Fomento la convalidación de su titulación con la de los controladores civiles, así como una homologación salarial. El objetivo principal, poder optar a puestos de trabajo similares en aeropuertos civiles. Y es que, alegan, en la práctica ya están regulando vuelos civiles, y como ejemplo citan el de la base aérea de Zaragoza, donde los controladores militares regulan, entre otras cosas, los vuelos del puente aéreo.
Ultimo recurso
Sin embargo, el ministerio ha rechazado sistemáticamente esta petición, hasta el punto de que los controladores militares han decidido acudir a la justicia ordinaria, concretamente a la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El bufete pacense Pessini&García es el encargado de llevar adelante la denuncia, y uno de los primeros pasos ha sido el de solicitar al juzgado que ordene "que los controladores militares dejen de controlar todas las aeronaves de cualquier tipo que vuelen bajo las normas de Aviación General". La causa, que el propio Ministerio de Fomento ha puesto en duda "sus estudios y su capacidad", por lo que si el ministerio está en lo cierto se estarían poniendo cada día en peligro miles de vidas, apunta el abogado Antonio Pessini.
Si el juzgado madrileño acepta el argumento, esto supondría la paralización temporal de todos los vuelos que sobrevolasen las bases de Badajoz, Zaragoza, Salamanca, León, Valladolid, Getafe, Torrejón, Cuatro Vientos (Madrid), Rota, San Javier y Albacete. En la práctica, esto supondría "el bloqueo del espacio aéreo" y la consiguiente supresión de los vuelos.
Efecto inmediato
En el caso extremeño, señala Pessini, se suspenderían todos los vuelos tanto a Badajoz como a Barcelona. Además, esta suspensión podría ampliarse a un buen número de aviones militares que operan bajo las normas civiles.
De momento el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha abierto una pieza separada para analizar si admite o no esta medida cautelar solicitada por los controladores militares, y en el plazo aproximado de un mes podría conocerse la primera solución judicial a un conflicto que amenaza las conexiones aéreas de la comunidad.
