La necesidad de crear una ley para favorecer el impulso económico de las zonas rurales ya ha sido anunciada por el Gobierno en varias ocasiones durante esta legislatura con el fin de apoyar tanto la inversión pública como la privada en los territorios más despoblados.
La ministra de Agricultura, Elena Espinosa, adelantó el pasado mes de mayo que el Ejecutivo tiene previsto aprobar a finales de año una ley para el desarrollo rural. Además, el presidente del Gobierno relacionó hace unos días esta normativa con la lucha contra los incendios.
Entre las medidas más relevantes por las que apuesta el Gobierno, además de la combinación de las inversiones pública y privada, se encuentran la creación de líneas de financiación específica para iniciativas empresariales en el medio rural.
Esta iniciativa favorecerá un incremento del valor añadido agroalimentario y el estímulo de la comercialización en origen de producciones certificadas.
La ley también incentivará actuaciones de empresas privadas destinadas a la convergencia entre el mundo rural y el mundo urbano.
Dichas medidas, que el Ejecutivo prevé acometer en el presente ejercicio, se verán complementadas por ayudas a las inversiones agrícolas o ganaderas, mejoras tecnológicas, nuevos puestos de trabajo para agricultores jóvenes o inversiones en el perfeccionamiento de los regadíos y de las infraestructuras.
También se pondrán en marcha programas de cese anticipado de la actividad agraria en determinadas zonas y de forestación de tierras.
