Los centros de enseñanza privada concertada de la región pidieron ayer el apoyo de la Administración regional ante la implantación de la Ley de Calidad en Extremadura que se llevará a cabo el próximo mes de septiembre, a fin de que se produzca un acercamiento de la postura de la Junta a la nueva normativa.
Para Amalio Sanz, responsable de la Confederación Española de Centros de Enseñanza en Extremadura (CECE), la puesta en marcha de la ley necesita que sean consensuados algunos aspectos entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, por lo que, aseguró, es necesaria la colaboración de la Junta para evitar discriminaciones con otras regiones.
Sanz, que estuvo acompañado de la presidenta de la CECE, Isabel Bazo, realizó estas declaraciones durante el acto de presentación del encuentro que ayer mantuvieron en la capital cacereña unos 300 profesores, padres de alumnos y titulares de centros de enseñanza concertada de toda la regió, con el objetivo de analizar la situación de la enseñanza en Extremadura y estudiar detalladamente la Ley de Calidad de la Educación.
