Garantía de calidad para los usuarios y los profesionales. Este es el principal beneficio de los colegios profesionales que engloban desde arquitectos y abogados hasta administradores de fincas o técnicos de laboratorio y que ahora se enfrentan a la mayor liberalización de las profesiones en España.
Desde Extremadura, diversos colectivos han lanzado la voz de alerta ante la reforma de una ley, la de servicios profesionales, que prepara el Ministerio de Economía y que puede acabar con los colegios. El cambio prevé modificar las reservas de actividad --lo que pueden y no pueden hacer legalmente unos y otros-- y aumentar la competencia. Además persigue la simplificación de los colegios (hay más de 1.600 en España), apuesta por limitar estos organismos a nivel autonómico y evitar los provinciales o locales, así como reducir a lo estrictamente necesario y justificable la colegiación obligatoria --el proyecto solo la contempla para arquitectos e ingenieros que proyectan y dirigen obras o abogados y procuradores que trabajan en los tribunales--. ¿Qué supone esto para los distintos profesionales colegiados?
Mientras abogados y médicos mantendrían, según el primer borrador, sus competencias, hay otros sectores que pueden sufrir importantes recortes en esta y ven peligrar su futuro. Una de las profesiones peor paradas con la reforma que aún está en estudio son los farmacéuticos, de colegiación obligatoria hasta ahora. El presidente del colegio que engloba a estos profesionales, Cecilio Venegas, alerta de que la liberalización del sector atenta directamente contra las farmacias pequeñas y cercanas que abundan en la región. La reforma contempla la supresión de la reserva exclusiva de la propiedad a los farmacéuticos titulares y "estos establecimientos acabarían al final en manos de grandes empresas y distribuidoras", advierte Venegas. También los administradores de fincas extremeños e incluso abogados miran con recelo esta reforma y defienden la colegiación obligatoria como resguardo a la calidad de los servicios profesionales. "Sin calidad, la competencia no tiene sentido, porque el fondo es una garantía para los usuarios".
Otros profesionales como los arquitectos han mostrado su oposición a la reforma mientras los ingenieros la creen favorable porque les acercarse al modelo Europeo y porque les reconoce competencias exclusivas que la ley de Ordenación de la Edificación atribuye ahora de forma exclusiva a los arquitectos. "Eso es inapropiado". Por su parte, el Gobierno argumenta que es "una reforma estructural que contribuirá a impulsar el consumo y generar más competencia y mejorar la competitividad de nuestra economía y el funcionamiento de los servicios profesionales", dicen.
ECONOMIA El Ministerio de Economía calcula que por cada 1% de reducción en los márgenes de los servicios profesionales la economía podría aumentar en torno a una décima. Este colectivo supone alrededor del 30% del empleo universitario en España y de ahí la importancia que da el Ejecutivo a la apertura de este sector, que supone en torno al 9% de la riqueza que genera el país.
Por su parte, la Unión Profesional, que aglutina a 32 consejos generales de colegios y más de 1,5 millones de profesionales, también defiende la liberalización. Pero no a cualquier precio, sino con "una regulación equilibrada" dada su función supervisora, afirma su presidente, Carlos Carnicer. "Lo que sí parece claro es que si no existiera el control y la vigilancia de los colegios profesionales, la confianza de los consumidores en los servicios prestados por los profesionales decaería gravemente, ya que no estaría garantizada la calidad de los mismos", agrega.
Además, detectan y sancionan el intrusismo o las malas prácticas profesionales. Funciones básicas que no pueden verse comprometidas por la liberalización, señalan las voces más críticas.
