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asamblea de extremadura

La comisión sobre contratación pública finaliza sin dictamen un año después

Tras el estudio de 100.000 folios y 30 comparecencias, no hay acuerdo

 

Última reunión de la comisión que investiga las contrataciones, ayer. - EL PERIÓDICO

REDACCIÓN // AGENCIAS
19/03/2019

Tras un año de trabajo, la comisión parlamentaria que investiga la contratación de personal en el sector público empresarial cierra sin un dictamen que elevar al pleno para su debate por falta de acuerdo entre los grupos. Los reproches entre PP y PSOE, acusándose mutuamente de no practicar la transparencia durante sus responsabilidades de gobierno, volvieron a marcar ayer la última reunión de este órgano no permanente. Ciudadanos y Podemos sí han coincidido en señalar que ni socialistas ni populares pueden dar ejemplo.

A nivel parlamentario, tras el estudio de más de 100.000 folios y la comparecencia de alrededor de 30 personas con responsabilidad en los procesos de contratación desde 2007, la comisión ha cerrado sus puertas sin conclusiones, dado que ninguna de las presentadas por los grupos han prosperado debido a que todos ellos se han quedado solos en el apoyo a las suyas. En consecuencia, no podrán plasmarse en un dictamen para que sea debatido por el Pleno de la Cámara, según ha explicado el presidente de la comisión, el diputado del PP Saturnino López Marroyo.

Durante la defensa de las presentadas por el Grupo Socialista, el diputado Carlos Labrador defendió los avances que se produjeron durante la primera legislatura de Guillermo Fernández Vara (2007-2011) y en la actual, apostando por una mayor transparencia, la elaboración de manuales de selección de personal y la implantación de instrucciones de buenas prácticas.

DESPIDOS / Frente a ello, criticó que durante el gobierno del PP de José Antonio Monago (2011-2015) se estuvo contratando «de una manera reiterada» sin cumplir los principios de igualdad, mérito y capacidad, además de realizar despidos «caprichosos e ideológicos» que costaron más de tres millones en indemnizaciones. No obstante, Labrador reconoció que hay que seguir avanzando en transparencia y acusó a los populares buscar el «descrédito» del sector empresarial público y «hacer ruido».

Por su parte, el PP acusó a los gobiernos de Fernández Vara de convertir las empresas públicas «en chiringuitos del PSOE» y como prueba apunta en sus conclusiones que todos los gerentes actuales, «sin excepción», han ostentado algún cargo público socialista. Según explicó el diputado José Ángel Sánchez Juliá esto es así porque se ha optado por «primar la experiencia política frente a grandes currículos profesionales».

Como caso «más sangrante», citó el de la sociedad Gestión de Infraestructuras, Suelo y Vivienda de Extremadura (Gisvesa), con más de 30 cargos socialistas, el 70% de la plantilla. Como «personas políticamente responsables», el PP apunta a Vara por ser «conocedor» y permitir esta situación.

Por contra, Sánchez Juliá destacó que bajo la presidencia de Monago se aprobó la ley que regula el Estatuto de Cargos Públicos, «donde se establece que cargos directivos quedan sometidos a un proceso de selección».

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