Una comisión de Presidencia del Gobierno central será ahora la encargada de decidir si los enclaves afectados por los incendios este verano en la región deben ser declarados zonas catastróficas. Así lo confirmaron ayer a este diario responsables del Ministerio de Medio Ambiente, quienes indicaron que una vez que la Junta de Extremadura ha decidido elevar al Gobierno la petición de Zona de Actuación Especial para las comarcas de Las Hurdes, Sierra de Gata, Valencia de Alcántara y Grimaldo (pedanía de Cañaveral), es el propio Ejecutivo central el encargado de dictaminar si se deben solicitar las ayudas económicas a la Unión Europea.

Desde el ministerio aseguran que no existe ningún tipo de baremo especial para declarar una zona catastrófica e indican que una vez que la comisión decide aceptar la solicitud de un gobierno regional se inician los trámites necesarios para la reclamación de las ayudas. De otro lado, señalan desconocer cuáles son las últimas zonas que han conseguido este tipo de declaración, así como las ayudas percibidas de la Unión Europea.

Por su parte, el Partido Popular de Extremadura ha manifestado que apoyará sin ninguna reserva las declaraciones de zonas catastróficas solicitadas por la Junta para las comarcas más afectadas por los incendios de este verano.

APOYO CONDICIONADO

No obstante, desde el Comité Regional de Dirección del PP aseguraron en pasados días que ese apoyo estará condicionado a que las zonas afectadas cumplan las condiciones precisas para obtener la declaración, como es que los incendios hayan afectado al producto interior bruto comarcal en los porcentajes marcados por la legislación, aunque desde el Ministerio de Medio Ambiente insistieron ayer que no existe ningún tipo de normativa que especifique las condiciones que debe tener una zona para ser declarada catastrófica.

Entre las medidas que cree la Junta que deben adoptarse están el establecimiento de beneficios fiscales en los impuestos estatales, dejar sin efectos las vías tributarias de apremio, la bonificación en la Seguridad Social a empresas y trabajadores autónomos y ayudas directas a los agricultores.