La Comisión Tutelar de Adultos de Extremadura (Ctaex) vela por los intereses y el bienestar de más de medio millar de extremeños adultos. En concreto, de acuerdo a los datos facilitados por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales extremeña, esta institución cerró el 2015 ejerciendo la tutela de quinientas personas mayores de edad incapacitadas legalmente y la curatela de otras 59. Además, en ese año desempeñó 230 defensas judiciales. Creada en 1996, esta entidad depende orgánicamente de la Dirección Gerencia del Sepad, si bien la labor que desempeña está bajo control y supervisión directa de la autoridad judicial correspondiente.
La comisión es un órgano complementario, nombrado únicamente por un juez cuando este entiende que no existen alternativas a la misma, bien porque no haya familiares que puedan asumir el cargo de tutor o de curador, bien porque se considera que no son aptos para estas tareas, o bien porque rechazan dicha posibilidad.
Los colectivos protegidos por la comisión se pueden agrupar en cuatro categorías: personas mayores; aquellas con discapacidad intelectual; las que padecen alguna enfermedad mental; y quienes, sufriendo enfermedades graves y/o degenerativas, tienen un alto grado de dependencia pero no apoyo familiar.
El volumen de trabajo de esta comisión se ha incrementado sensiblemente en los últimos años. Así, el 2006 se cerró con 318 tutelas, por quinientas del 2015, por lo que el crecimiento desde entonces ha sido del 57,2%. El tutor ostenta la representación legal de la persona incapacitada para todos los actos que no pueda realizar por sí sola. También es el administrador legal del patrimonio del tutelado.
CURATELA / En cuanto a las curatelas, se trata de una figura a la que se recurre con menor frecuencia, pero el número de las desempeñadas por la Ctaex también ha aumentado de forma notable en este mismo periodo, de 28 a 59. La curatela tiene por objeto completar la capacidad de los afectados por ella. Solamente es necesaria la intervención del curador en aquellos actos que haya dispuesto la sentencia judicial de declaración de incapacidad.
Las defensas judiciales han seguido esta misma línea ascendente en la última década: de las 64 del 2007 —en el 2006 no se registró ninguna— a las 230 del 2015. El defensor judicial representa y protege los intereses de la persona declarada incapaz en situaciones como un conflicto de intereses entre el tutor y la persona tutelada o cuando el tutor o curador no realice sus funciones.
Según se resalta en la propia página web de esta institución, «no por ser declarada una persona incapaz y tutelada por la Comisión Tutelar de Adultos va a tener más privilegios que otras en el acceso a recursos sociales» En este punto, se indica que existe «la falsa creencia de que al estar tutelado por un organismo público, la posibilidad de acceso a los recursos es mayor, ocasionando esto un incremento de las tutelas ya que muchos familiares se excusan del cargo de tutor pensando que con el nombramiento de la comisión tendrán mayor acceso a la red asistencial».
