Cuando antes de fin de año el Congreso apruebe definitivamente la Ley de Transparencia, las comunidades autónomas deberán ponerse manos a la obra para desarrollar sus propias normas. Aunque hay pioneras que se han adelantado como Extremadura, Galicia y Navarra, la mayoría espera para subirse al carro. Los gobiernos de Madrid, Aragón, Valencia, Murcia y La Rioja, comunidades gobernadas por el PP, no han presentado ningún borrador y en sus parlamentos no se ha constituido aún ninguna ponencia. Castilla-La Mancha tampoco lo ha hecho, aunque tiene un Modelo de la Transparencia y el Buen Gobierno de la Administración regional, aprobado en febrero en plena convulsión social por el caso Bárcenas. Además, prepara un Registro de Participación Ciudadana, en el que ciudadanos y entidades se podrán inscribir para recibir información sobre materias concretas que son competencia de la Junta.

En Cantabria también existe un Portal de la Transparencia y en el País Vasco, la comunidad más transparente según el ránkig de Transparencia Internacional, el Gobierno del PNV tiene previsto regular la materia en la Ley de la Administración Pública Vasca que presentará en el primer semestre de 2014. No obstante, cuenta con un Código Etico y de Conducta que han firmado todos los altos cargos para comprometerse a trabajar con integridad, honestidad e imparcialidad y a no aceptar tratos de favor ni regalos. Sí están tramitando ya sus propias leyes de transparencia Cataluña y Andalucía, pero Galicia, Navarra y Extremadura, son las pioneras.

Galicia fue la primera en aprobar una Ley de Transparencia y Buenas Prácticas en la Administración Pública y lo hizo por unanimidad hace ya siete años. Le siguió Navarra en 2012, con su Ley de Transparencia y Gobierno Abierto, que sin embargo deberá "adaptarse a la nacional" en algunos aspectos. El pasado abril Extremadura se unió al grupo de pioneras con una La Ley de Gobierno Abierto aprobada por unanimidad, que recoge también algunas de las principales reivindicaciones de los activistas de la transparencia, como el destierro del silencio administrativo. Baleares aprobó una Ley de Buen Gobierno al final de la pasada legislatura y entretanto, Asturias, Castilla y León y Canarias han abierto procesos de participación ciudadana para pedir aportaciones a su futura ley.