La Junta de Extremadura tendrá que pagar algo más de 210.000 euros (unos 35 millones de pesetas) a los propietarios de la finca Las Arguijuelas por los daños que sufrieron sus instalaciones durante los doce años que estuvo ésta en manos de la Administración autonómica.

Una sentencia, dictada el 18 de diciembre del año pasado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, considera demostrado que fue la gestión administrativa la que provocó --ya sea por acción o por omisión-- los daños de la finca, que está situada en los términos municipales de Alange y la Zarza, cerca de Mérida.

El diputado regional del PP Javier Casado presentó la sentencia y explicó que la Junta se apropió de la finca en aplicación de la ley de fincas manifiestamente mejorables.

Durante los doce años en los que el Gobierno extremeño estuvo a cargo de los terrenos, los subarrendó a una cooperativa local y cuando los propietarios regresaron se encontraron con las instalaciones en mal estado y la línea eléctrica destruida.

Por otra parte, Casado denunció la actitud de la Mesa de la Asamblea y del PSOE por rechazar la mayoría de las preguntas que pretendía hacer en pleno y la creación de una Comisión Permanente sobre el AVE. El presidente de la Asamblea, Federico Suárez, recordó que sobre el tema de la comisión permanente aún no hay decisión.