El paro de grúas se sigue de forma masiva en la mayoría de las comunidades autónomas, aunque las aseguradoras no prevén tener datos oficiales hasta hoy. La situación a última hora de ayer era la siguiente:
El menor seguimiento tuvo lugar en Cataluña, donde, según Efe, el 80% de las empresas de auxilio en carretera se unieron a la medida. En los próximos días se espera que lo haga el 100%. En Madrid fue total y sólo trabajaron las grúas que dependen de los ayuntamientos y las que asisten a autobuses y camiones, así como las necesarias para retirar turismos que puedan ser causa de riesgo.
Según la agrupación de grúas de Castilla y León, en esta comunidad siguieron el paro el 98%. En este caso, el sector también ha llegado a un acuerdo para retirar al arcén los vehículos que generen peligro.
El 90% de las empresas de Aragón secundó la huelga convocada por la asociación aragonesa, que aseguró ayer que el 10% de los empresarios que no siguen el paro sufren presiones de las aseguradoras.
En la comunidad valenciana, el seguimiento es del 100% en Alicante y Castellón, mientras que en Valencia es del 90%.
La totalidad de las 28 empresas de asistencia en carretera de La Rioja secundaron también el paro iniciado en la media noche de ayer, según el portavoz del sector. Por su parte, en Asturias el seguimiento fue total entre las empresas de grúas de ayuda en carretera, a las que ayer decidieron sumarse también las que se dedican al traslado de los vehículos de obra y maquinaria pesada, que, desde que se inició la huelga habían hecho algunos arrastres de coches averiados o accidentados.
En el País Vasco, como ocurre desde el 27 de julio pasado, prácticamente la totalidad de las grúas están paradas.
En Andalucía cada provincia tomó sus propias decisiones. Castilla La Mancha y Murcia secundarán previsiblemente el paro y en el resto de autonomías --Navarra, Cantabria, Galicia y Baleares-- los gruistas negociaban a última hora de ayer si unirse.
Canarias es la única comunidad que no irá a la huelga, ya que los gruistas no sufren los mismos inconvenientes que los del resto de España gracias a la normativa autonómica.
