La Junta de Extremadura ha propuesto que la próxima Conferencia de Presidentes aborde los desafíos extremeños sobre el reto demográfico, la despoblación y la financiación autonómica, según anunció ayer la vicepresidenta del Ejecutivo extremeño, Pilar Blanco-Morales. En rueda de prensa posterior al comité preparatorio para la convocatoria de la séptima Conferencia de Presidentes, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, adelantó que este encuentro se celebrará este año después de las elecciones del 26 de mayo.

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, consideró «positivamente» la reunión del comité preparatorio de dicha conferencia, celebrada en Madrid este miércoles.

En la reunión, presidida por Meritxel Batet, estuvieron representadas todas las comunidades autónomas, que ratificaron el documento de Seguimiento de los Acuerdos de la Conferencia de Presidentes de enero del año 2017, en el que se impulsaban objetivos comunes que afectan al conjunto del país.

Según informó la Junta en una nota de prensa, el balance de cumplimiento de estos acuerdos ha sido «muy satisfactorio», lo que «no excluye que Extremadura negocie otros aspectos importantes para la región en otros foros bilaterales, ya solicitados al Estado».

La titular de Hacienda resaltó el carácter «prioritario» que el Gobierno central otorga a este órgano, que pone de manifiesto que se trata de «un foro de entendimiento, de leal y franca cooperación entre éste y las comunidades autónomas», y apostó por «la cooperación horizontal entre las regiones ante cualquier frentismo». Destacó que la reunión de 2017 fue impulsada por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y que este órgano no se había reunido desde el año 2012.

En el próximo encuentro se abordarán los trabajos de la comisionada del reto demográfico, la estrategia nacional contra la despoblación, el envejecimiento, el apoyo al mundo rural y el sistema de financiación autonómica, que ha sido una reivindicación de todos los gobiernos regionales.