La reforma del Estatuto extremeño echará a andar el próximo martes en el Congreso de los Diputados con su toma en consideración en pleno, una tramitación que podría retrasarse pero no por falta de acuerdo --el PSOE y el PP apoyaron el texto en Mérida--, sino por el bloqueo en la Cámara Baja de otra reforma, la de Castilla-La Mancha.

Hace ya dos meses que el pleno de la Asamblea de Extremadura aprobó la reforma por unanimidad; de hecho, tanto socialistas como populares destacaron el consenso alcanzado y la "lealtad" del texto a la Constitución. El texto fue entregado en el registro del Congreso el 28 de septiembre.

La reforma, que será defendida en Madrid por Guillermo Fernández Vara, José Antonio Monago, en nombre del PP, e Ignacio Sánchez Amor, por el PSOE, recoge, entre otros temas, la creación del Personero de lo Común, la defensa de los recursos hídricos, los plazos para el abono de la deuda histórica --a cuantificar en un año desde la creación de una comisión y a abonar en tres-- o el pago de inversiones complementarias equivalentes al 1% del PIB regional para "acelerar" la convergencia con la media.