El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó ayer, como estaba previsto, eliminar el sistema de registro previo para la asignación de primas a las energías renovables, creado en abril, después de que el sector y tres autonomías, entre ellas Extremadura, criticaran la medida porque suponía dejar en el aire proyectos de inversión millonarios, sobre todo del sector termosolar.
La amenaza a las termosolares fue introducida en el Senado la semana pasada a través de una enmienda que fue pactada por CiU y PSOE y que contó con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP. Durante el debate en el Congreso, los diputados se centraron en criticar la enmienda, incluso desde los grupos que la promovieron en la Cámara Alta.
El portavoz de Economía de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, explicó que, a las "24 horas" de su aprobación en el Senado, se dieron cuenta de que la enmienda resultaba "letal" para las energías renovables.
Aseguró que con la enmienda, CiU sólo pretendían devolver a las comunidades autónomas determinadas competencias y acusó a los socialistas de "contaminar" la iniciativa. "La adenda socialista eliminaba de facto la financiación de los parques hasta que se definieran las nuevas primas creando incertidumbre e inseguridad jurídica", aseveró.
El diputado nacionalista reconoció que en los últimos días han mantenido negociaciones con el Gobierno, el sector y el grupo socialista para consensuar el rechazo a la modificación.
OJO A LA BURBUJA Desde el PSOE, Montserrat Colldeforns reconoció que hay que pensar un poco más los cambios y dijo que el objetivo es que España siga liderando el sector de renovables pero evitando que se genere una "burbuja financiera" que pueda redundar en aumentos de tarifas.
La diputada popular María Fátima Báñez criticó al Gobierno por intentar dar "un vuelco de tapadillo" a la regulación de las renovables y pidió a Industria que se plantee dimisiones.
Desde Extremadura, el consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente, José Luis Navarro, consideró un "éxito compartido" que se haya recapacitado y no se haya amenazado a un sector que generará en la comunidad extremeña 6.000 empleos y que tiene encima de la mesa inversiones por 3.000 millones.
La asociación de empresas termosolares Protermosolar expresó su satisfacción con la votación en el Congreso. "Estamos convencidos de haber dado un paso adelante, pero el camino continúa", afirma en un comunicado la asociación, que la semana pasada amenazó con demandas patrimoniales contra el Estado en caso de que prosperase la derogación del registro de renovables.
