La Comisión de Industria del Congreso pidió ayer al Gobierno central, por unanimidad, que presente la resolución de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) antes del 30 de abril para que la mina Aguablanca de Monesterio no cierre y siga siendo rentable.

Los grupos parlamentarios del PSOE, Podemos-En Comú, Podem-En Marea, Ciudadanos, el Grupo Mixto y Democracia i Libertad (DiL) han pactado una enmienda, que ha sido apoyada por todos los grupos parlamentarios, para evitar el cierre de este yacimiento extremeño, que afecta a 400 empleos directos e indirectos, y con el fin de que el nuevo Ejecutivo utilice de forma urgente todos los instrumentos de la legalidad vigente.

La diputada socialista María Soledad Pérez explicó ayer a Efe que el informe de impacto ambiental debería estar listo antes del 30 de abril con el objeto de que en los dos meses posteriores, antes de que sea definitivo el ERE de extinción de la mina, "se pueda trabajar para que una nueva empresa se haga cargo de su explotación". Recordó que Lundin Mining, la empresa que gestiona actualmente el yacimiento, tiene beneficios y lamentó que la reforma laboral aprobada por el PP pueda hacer que cierre y deje sin empleo a casi 400 trabajadores que suponen salarios por un total de unos 17 millones de euros.

El diputado de Podemos Alberto Rodríguez, por su parte, defendió que "lo primero es que las familias de mineros puedan llevar su pan a casa" y criticó que multinacionales extranjeras como esta decidan deslocalizar sus plantas y dejar en el paro a cientos de familias. Desde Ciudadanos, Irene Rivero señaló que el cierre supondría un gran impacto social ya que no hay otra industria que sustituya los puestos de trabajo de la mina de Aguablanca.

Sin embargo, la diputada del PP María Teresa Angulo dijo que la iniciativa socialista sólo se dirige a culpabilizar al gobierno central y también es necesaria la implicación directa de la Junta de Extremadura y de todas las administraciones y corporaciones municipales, informa Efe.

TRES AÑOS DE TRABAJO La empresa Río Narcea, filial de la multinacional canadiense Lundin Mining, que explota el yacimiento, ha decidido abandonar y cerrar la mina a pesar de que en septiembre habían anunciado que continuarían la extracción de mineral existente en las galerías subterráneas, una vez agotados los recursos en superficie.

Para llevar a cabo este proyecto, en el que se estima una producción de casi 3,2 millones de toneladas de níquel y una vida útil de unos tres años, la empresa presentó la correspondiente solicitud de declaración de impacto ambiental ante el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que está pendiente de ser aprobada.

Para Comisiones Obreras, el apoyo del Congreso puede ser la clave definitiva para atraer a una nueva empresa alternativa que continúe la actividad en el yacimiento de Monesterio. El sindicato insiste además en la necesidad de que todas las administraciones, no solo la central, colaboren para buscar alternativas empresariales para que la explotación perdure de manera que se mantengan "los cientos de puestos de trabajo que genera la mina".