Todas las consejerías de la Junta de Extremadura contarán con unidades para "velar por la igualdad" entre mujeres y hombres, y que se encargarán de la propuesta, ejecución e informe de actividades vinculadas con esta materia. En concreto, el Consejo de Gobierno aprobó ayer el decreto por el que se crean y regulan estas unidades administrativas, ya que para la portavoz del Ejecutivo regional, Isabel Gil Rosiña, se trata de una medida que tiene una trascendencia política "de primer orden", pues señaló que "de nada sirve la igualdad formal" si luego no se aplica a la acción del gobierno, y para ello era necesaria la puesta en marcha de estas unidades.

La modificación del reglamento de funcionamiento y organización de los servicios jurídicos de la Junta para dar cabida a la Comisión Jurídica que ha sustituido al extinto Consejo Consultivo también recibió el visto bueno del Ejecutivo. En él se especifica que tiene su sede en Badajoz y que es el órgano consultivo de la comunidad, sin perjuicio de las competencias del Consejo de Estado. Asimismo, cabe señalar que la comisión ejercerá sus funciones consultivas, con autonomía orgánica y funcional, actuará en pleno y estará compuesta por cinco vocales, uno de ellos que participará como presidente y otro como secretario.

Por otra parte, el Ejecutivo autonómico manifestó su no conformidad respecto a la tramitación de una propuesta de ley formulada por el grupo parlamentario Podemos para paliar la pobreza energética en Extremadura. Sobre este asunto, Rosiña indicó que la Junta ha tomado esta medida "haciendo uso de la competencia que tiene de vetar aquellas iniciativas parlamentarias que trastocan el presupuesto". Además, puntualizó que el Gobierno regional ya ha puesto en marcha iniciativas para paliar estas cuestiones, en referencia al decreto al decreto que regula la concesión de subvenciones a los ayuntamientos para financiar las ayudas para garantizar al acceso a los suministros mínimos vitales, y al que se sumará el futuro decreto ley que regulará las ayudas para mínimos vitales, que está "en proceso de finalización".

Entre otros asuntos, la portavoz dio cuenta de la aprobación del decreto que regula la creación del Observatorio para la Simplificación Administrativa, un instrumento que servirá para "facilitar los trámites administrativos a la hora de crear empresas" en la región, y ayudar así a su nacimiento y consolidación. En esta línea, se modificó el decreto por el que se establece un régimen de incentivos a la inversión empresarial, con el objetivo de "vincular la concesión de las subvenciones a fondo perdido a la creación y mantenimiento del empleo", subrayó Rosiña.