El consejero de Economía y Hacienda, Antonio Fernández, aseveró ayer que "Caja Badajoz se malfusionó" en alusión al Sistema Integral de Protección (SIP) de Caja3 y considera que gracias a las "reclamaciones" públicas y privadas de su Ejecutivo se consiguió aumentar la participación de la entidad extremeña en dos ocasiones. Fernández compareció ayer en la Comisión no Permanente de Investigación del Parlamento Extremeño sobre el proceso de unión de Caja Badajoz con Caja Círculo de Burgos y Caja Inmaculada de Zaragoza en un SIP. Por su parte, Angel Franco, consejero de Hacienda y Administración Pública aseguró en el mismo escenario que cuando se gestó la fusión, aseguró que entonces "confiaban" en el Banco de España.

Para el consejero, no se entiende que Caja Badajoz fuese la de "menor participación" a pesar de que aportaba 12 de los 15 millones de beneficios del SIP y de que tan solo representaba 60 millones de activos tóxicos del total de 2.300 que el grupo transfirió al Sareb. Además, indicó que las necesidades de recapitalización del grupo Caja3 fueron finalmente de 760 millones de euros y no 990 debido a que Caja Badajoz arrojó 220 millones en positivo.

"SINSENTIDO DE FUSIONES El titular de Economía criticó que desde el Banco de España se alentó un "sinsentido de fusiones" y ha dicho que para "salvar algunas cajas, se sacrificaron otras" como ha sucedido en el caso de Caja Badajoz, a la cual hubiera fusionado con Caja de Extremadura, lo que hubiera permitido mantener la identidad de ambas. "Caja Badajoz no existe, no tiene ninguna autonomía, lo que existe es aquí es una fundación y una marca comercial", ha lamentado Fernández, para quien lo único que queda es "la nostalgia de que fueron nuestras, pero ya hace algún tiempo que perdimos las dos", en alusión también a Caja Extremadura, integrada en Liberbank.

Por su parte, Angel Franco, consejero extremeño de Administración Pública y Hacienda cuando en 2010 se gestó la fusión de Caja Badajoz, manifestó que en entonces "confiaban" en el Banco de España y que si el regulador había dado el visto bueno al SIP de Caja3, por qué tenían que pensar que "había algo detrás". "Nosotros confiábamos en el Banco de España", aseguró al diputado popular José Angel Sánchez Juliá en referencia a las inspecciones que se conocieron el 4 de enero de 2011, una vez constituido el SIP, y que desvelan los activos tóxicos de los dos socios de Caja Badajoz.

El compareciente afirmó que la Junta de Extremadura no recibió las actas de las inspecciones a Caja Círculo y la CAI, efectuadas en el año 2009, ni información sobre el "alcance" y "consecuencias" de sus resultados. A pregunta del diputado socialista Miguel Bernal, ha considerado que visto ahora "no parece normal" que el Banco de España no diera a conocer antes los datos de las inspecciones, pero ha matizado que desconoce cómo son los "tiempos" de estas actas.

Franco, que apuntó que por consenso político no hubo ninguna injerencia durante todo el proceso, ha informado de que los rectores de Caja Badajoz no les pidieron ninguna mediación ante el Banco de España a la vista de la nueva situación, ni el Gobierno regional hizo nada al respecto. Con la perspectiva del tiempo, ha planteado que quizá pudieron estar "más cerca" de Caja Badajoz, pero aunque hubieran conocido el alcance de los datos, aseguró a Alejandro Nogales (IU), "poco podíamos hacer".

El compareciente subrayó que el Banco de España no presionó a la Junta de Extremadura para que Caja Badajoz no se saliera del SIP y ha aclarado que el regulador "tenía todas las armas" para evitarlo con la normativa vigente en la mano. En su opinión, fue una decisión "acertada" no intervenir porque el "excesivo ruido" hubiera aumentado la desconfianza.